La trama corrupta de Valencia suma 50 investigados y se extiende a otras entidades locales y estatales

La denominada operación Azud desarrollada por la Unidad Central Operativa ( UCO ) de la Guardia Civil ha destapado una red delictiva transversal, en la que están implicados políticos tanto del PP como del PSOE , durante un periodo económico todavía de bonanza con el boom inmobiliario. Unos cobraron mordidas a cambio de adjudicaciones de obras públicas o reclasificaciones de suelo y otros las recibieron a cambio de su silencio.

Los cinco principales responsables, que están en la cárcel desde el sábado por orden de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 13 de Valencia, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, son el ex subdelegado del Gobierno Rafael Rubio , el exvicealcalde Alfonso Grau , y tres empresarios: Jaime María Febrer , principal beneficiado de las adjudicaciones urbanísticas; Joaquín Pastor, considerado el ingeniero financiero para las operaciones de lavado del dinero; y Mónica Montoro , que también operaba en el ramo de la construcción.

Los otros nueve detenidos el pasado jueves quedaron en libertad provisional tras pasar a disposición judicial y declarar, aunque la juez ha dictado para ellos otras medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencia semanal en sede judicial.

En el caso de la ex alcaldesa de Jijona (Alicante) Rosa Verdú , no testificó ante la jueza por razones de salud, aunque sí pudo hacerlo a los investigadores de la Guardia Civil. La mayoría se acogió a su derecho a no declarar.

Las diligencias judiciales suman ya cerca de medio centenar de investigados por delitos de prevaricación, cohecho , falsedad documental, blanqueo de capitales , tráfico de influencias y asociación ilícita, sin perjuicio de ulterior de calificación.

Las ramificaciones de la red de fraudes se extienden a varios municipios alicantinos, de Madrid y a Tomelloso (Ciudad Real), donde había tres sospechosos que facilitaban facturas irregularmente.

Según las pesquisas, el ex vicealcalde Grau (PP) pudo percibir un millón de euros y el ex subdelegado del Gobierno (PSOE) unos 300.000 euros, aunque el volumen de fondos movidos por la trama puede ser mucho mayor y los investigadores ya han detectado una cuenta bancaria en Luxemburgo a nombre del empresario Febrer.

Entre los detenidos se encuentran también el abogado y jefe de los servicios jurídicos de la empresa pública Divaltierra, José Luis Vera , el constructor Federico Ferrando , la hija de Alfonso Grau y el exconcejal de Jijona, Francisco Doménech .

La investigación pone el foco, asimismo, en si el PSOE pudo beneficiarse de esta trama corrupta y uno de los investigados -no detenido- es José María Cataluña , quien fue responsable de finanzas de su partido. Se sospecha que pudo hacer de intermediario para poner en contacto al constructor Jaime María Febrer con responsables de varios ayuntamientos.

La causa se abrió en 2017 por las mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública y fue declarada secreta. Posteriormente, en 2019 y tras encontrarse una documentación en un registro en el despacho del abogado José María Corbín , cuñado de la alcaldesa Rita Barberá , que fue detenido, se amplió la investigación hasta llegar a los 14 arrestos del pasado jueves.