Todas las instituciones coinciden en la necesidad de solucionar la situación de los inmigrantes ilegales

Todas las instituciones valencianas, desde los partidos de la oposición y los sindicatos al Consell, coincidieron ayer en la necesidad de solucionar la situación de los inmigrantes sin papeles. El conseller de Bienestar consideró «legítimas» las reivindicaciones de los 40 ecuatorianos encerrados en un iglesia en Valencia, quienes recibieron la visita del arzobispo.

VALENCIA. G.R.
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El desencuentro entre la necesidad de mano de obra y el proceso para regularizar la situación de los inmigrantes, la solicitud de Cierval de lograr un pacto «global y conjunto» entre la Administración y los empresarios para hallar una salida, las críticas que han acompañado a las declaraciones del delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, quien pidió que no se empadronase a los «ilegales», y el encierro-protesta de 40 inmigrantes ecuatorianos en la iglesia Inmaculada de la Malvarrosa han aumentado la polémica que suscita la puesta en vigor de la Ley de Extranjería el día 23.

No obstante, el mensaje de todas las instituciones valencianas, desde el Consell hasta los sindicatos pasando por la Iglesia es meridiano: es necesario hallar mecanismos de consenso y solución.

Los partidos de la oposición y los sindicatos hicieron ayer «sangre» de las declaraciones de Fernández Miranda. Esquerra Unida señaló que la recomendación del Delegado de Gobierno de Inmigración es «indigna, xenófoba, racista y contraria a la Ley». El Partido Socialista se manifestó en los mismos términos y solicitó la creación en Valencia de una oficina para la inmigración. UGT calificó las declaraciones de Fernández Miranda de «indignantes» y aseguró que seguirán afiliando a los inmigrantes. Más aún, este sindicato acusó al Gobierno central de «utilizar la Comunidad Valenciana como experimento para perseguir a los inmigrantes sin papeles».

Como telón de fondo, cuarenta inmigrantes de la asociación Rumiñahui Hispano-Ecuatoriana completaron ayer su primer día de encierro en la iglesia de la Inmaculada de la Malvarrosa de Valencia para solicitar un encuentro con la Administración, con el fin de regularizar su situación. Estos inmigrantes recibieron también el reconocimiento y el respaldo de la Iglesia. Ayer por la tarde, el arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, les hizo una visita para interesarse por su situación y celebrar una misa. Mañana hay convocada una manifestación de protesta en Valencia.

Más allá de los rifirrafes políticos, el Gobierno valenciano mostró ayer su intención inequívoca de hallar una solución razonable al problema. El conseller de Bienestar, Rafael Blasco, señaló que las reivindicaciones de los inmigrantes encerrados son «totalmente legítimas», garantizó que todos los inmigrantes, con o sin papeles, podrán empadronarse en la Comunidad, y señaló que «es responsabilidad de la Administración propiciar mejores condiciones para estas personas». Por su parte, el conseller de Economía, Vicente Rambla, se pronunció a favor de estrechar el celo en la contratación irregular de inmigrantes.