«Toda ley urbanística establece una amnistía, por eso es más rentable infringirla que cumplirla»

Acaba de estrenarse como presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJ, desde donde vela para que la maquinaria administrativa no sea una apisonadora frente al ciudadano

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EDILBERTO NARBÓN LAINEZ

Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

-Con la última sentencia del TSJ, que permite a la Universidad de Valencia emplear en su estatuto el término catalán en lugar de valenciano, ¿se entiende por superada jurídicamente esa polémica?

-Supongo que no. La Universidad, desde el punto de vista científico, puede pensar que valenciano y catalán son la misma lengua, pero jurídicamente, los estatutos de la Universidad deberían ajustarse al Estatuto valenciano y hablar de lengua valenciana para evitar conflictos.

-¿Y entonces cómo se explica esa sentencia?

-No le puedo decir porque no la conozco.

-¿Es esta jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la gran desconocida de la Justicia?

-Cuando la gente piensa en la Justicia, piensa en los criminales, pero eso afecta a un dos por ciento de la población. Aquí se ven impuestos, seguridad social, licencias, construcción, subvenciones, medio ambiente, educación...y eso afecta al 97 por ciento de la gente. El público en general está mucho más afectado por la jurisdicción Contencioso-Administrativa que por la Penal. Llevamos todos los recursos contra los ayuntamientos, la Generalitat, el Estado, Seguridad Social...

-¿Y la Administración funciona como una apisonadora en su relación con el ciudadano?

-Depende de las administraciones y de las materias. Hay algunas que funcionan muy bien pero hay otras, como por ejemplo en las multas de tráfico, que pueden llegar a ser una apisonadora.

-¿Y la Sanidad?

-Las condenas a Sanidad son lógicas porque si la medicina en la Comunidad Valenciana hace un millón de operaciones, nosotros realmente examinamos 50 ó 60. Podemos pensar que 60 condenas son muchas pero el porcentaje, en realidad, es muy pequeño. No significa que funcione mal la Sanidad.

-¿Pleitea el ciudadano todo lo que debe?

-Está la clásica persona que lo que le dice el Ayuntamiento o la Generalitat va a misa y no recurre; pero está el otro ciudadano que aunque sepa que no tiene razón presenta uno y diez y cincuenta recursos. Piense que en la Sala de lo Contencioso entran 12.000 recursos al año. Pueden parecer muchos, pero teniendo en cuenta que se recurre contra la Administración del Estado, contra la Generalitat Valenciana, contra todos los ayuntamientos, Seguridad Social y Hacienda, no son tantos.

-¿Y está indefenso el ciudadano ante la Administración?

-No, todo lo contrario. Tenga en cuenta que la Administración pierde el 40 por ciento de los casos. Hay administraciones con solera. Por ejemplo, la Administración del Estado, esté quien esté mandando, lleva muchísimo años resolviendo cuestiones, y los errores que comete son menos. Pero la Generalitat, yo recuerdo que en los años 80 perdía muchísimos más recursos que en la actualidad. ¿Por qué? Porque las administraciones también van aprendiendo con los años. Muchas veces, dictas 10 sentencias contra una administración y en lugar de rectificar el criterio, lo mantiene hasta que le has dictado 500, con lo cual nos podía haber evitado el trabajo.

-Muchos de los recursos que resuelven están relacionados con el urbanismo.

-Cada año entran unos mil asuntos urbanísticos, de los que unos 400 son planes de actuación integral (PAI). El 20 por ciento se anula.

-Recientemente el Sindic de Greuges cuestionó la falta de transparencia de la Generalitat en materia urbanística. ¿Comparte sus críticas?

-La Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) es bastante buena y ha dado muy buenos resultados. El hecho de que se anulen 50 ó 60 PAI´s no es relevante si tenemos en cuenta que se aprueban 1.000 o 1.500 al año. -¿Pero cuáles son jurídicamente, las aristas de los PAI´s?

-Las adjudicaciones que están haciendo los Ayuntamientos de los PAI´s no se ajustan a la Ley de Contratos del Estado, que es una trasposición de las directivas europeas. Y lo que le está advirtiendo Bruselas a la Generalitat es que modifique la ley para que haya más transparencia y que pueda concurrir cualquier persona. El PP ha presentado enmiendas al proyecto inicial que presentó la Conselleria; quieren introducir la cuarta figura, es decir, estaría por un lado el Ayuntamiento, por otro el agente urbanizador y una tercera figura, además del propietario, que sería el contratista, que no puede ser el urbanizador. El urbanizador tendría que sacar a concurso la realización de las obras para que las hiciera un contratista que no puede ser ni él ni ninguna persona vinculada a él.

-¿Es inocua la figura del agente urbanizador?

-No es mala en sí misma. Si el Ayuntamiento le controla en cuanto a los porcentajes de terreno que le van a ceder y los costes de urbanización, no le veo ningún problema. El problema es que hemos visto PAI´s en la Sala en los que el propietario tiene que ceder hasta el 75 por ciento del terreno. Eso es una barbaridad, prácticamente una expropiación, le dejas indefenso. Bien empleada, la figura del agente urbanizador es correcta, pero genera vicios.

-Hay propietarios extranjeros que han llevado a Europa los «abusos urbanísticos» que supuestamente comete la Administración autonómica.

-Tienen razón y no la tienen. La gente que ha reclamado dice: «Oiga, yo tengo un chalé de 2.000 metros y ahora o cedo mil o tengo que pagar el aprovechamiento de esos 1.000. Lo que no dice esa gente es que en los años 60, 70 y 80 vino, construyó en mitad del monte, nadie les dijo nada, nadie les obligó a urbanizar, nadie les obligó a ceder, nadie les obligó a pagar...Y ahora está ocurriendo que la expansión de las ciudades hace que las urbanizaciones lleguen al monte... Claro, si ahora van a urbanizar una calle, a hacer canalizaciones de agua o el sistema de alumbrado, lo que tú no puedes hacer es negarte a pagar. Esta gente lo que quiere es mantenerse en la misma situación de hace 20 ó 30 años. Pero el mismo problema que tienen ellos y se quejan lo tengo yo. Yo tengo una casa desde la que antes veía el monte pero ahora me han puesto unas fincas y me tengo que aguantar. Lo que no podemos parar es el desarrollo para que un señor tenga una vista bonita.

-Pero, ¿hay abusos urbanísticos?

-Abusos urbanísticos los hay de forma individualizada, pero lo que está haciendo la LUV ante ellos es corregirlos de forma específica. Lo que ocurre es que las leyes actuales tienen un problema muy gordo: se han dejado crecer urbanizaciones ilegales a cientos y y ahora, con la expansión de las ciudades, los ayuntamientos dicen: «Oiga, si yo tengo que hacerle las calles, ponerle el alumbrado... es decir si tengo que adaptar esa urbanización al mundo moderno, usted no se puede negar a pagar porque si no estarán pagando el resto de los ciudadanos». El problema de toda la legislación urbanística es que cada ley establece una amnistía, la LUV también. Por eso es mucho más rentable infringirla que cumplirla. -¿La LUV es una buena ley?

-Todavía no sé lo qué es porque no sabemos lo que va a salir tras las enmiendas.

-¿Y la LRAU?

-La LRAU ha dado buenos resultados, a pesar de los abusos. Pero normalmente toda ley genera un porcentaje de abusos. El gran problema es que cada vez a los propietarios se les va pidiendo más terreno, unos pagos más fuertes, quizá para compensar los déficits de los ayuntamientos, y eso es lo que hay que corregir. ¿Hasta dónde tiene que ceder el propietario terreno y hasta dónde tiene que pagar de los gastos de urbanización? Porque yo he visto urbanizaciones que en el año 2000 el coste por metro cuadrado de urbanización era 4.500 pesetas y ahora estamos en las 14.000. Se ha multiplica por tres y por cuatro no el valor del terreno sino el coste de asfaltar y poner farolas. ¿Hasta dónde van a tolerar los ayuntamientos la fijación de ese tipo de precios? Porque eso va a repercutir en el coste de la vivienda.

-¿Los PAI´s amparan situaciones irregulares?

-Se están dando exigencias de donaciones. Al señor que le aprueban un PAI le exigen que haga una serie de donaciones, que en el fondo no lo hace él, sino los propietarios del terreno y al final va a repercutir en el coste de la vivienda. No estoy hablando de donaciones al bolsillo del alcalde o de los concejales, estoy hablando de que «si quieres que te apruebe un PAI, me tienes que hacer un campo de fútbol, o comprar una ambulancia». No facilitan las irregularidades, pero las hay. Tú no me puedes exigir que te compre una ambulancia para que me des una licencia si tengo derecho a ella.

-¿El Ayuntamiento arriesga algo con los PAI´s?

-Tal y como está en la actualidad arriesga muy poco porque hemos vivido una etapa de bonanza económica. Si viniera una crisis económica, el riesgo del Ayuntamiento sería muy grande, porque los propietarios tienen que pagar las cuotas de urbanización al agente urbanizador, pero, aunque se le piden unas fianzas, si una urbanización se queda a mitad, la responsabilidad patrimonial sería de los Ayuntamientos porque son los que imponen al propietario el agente urbanizador al que han de pagar los gastos de urbanización. Este tipo de problemas se dio finales de los 80 y principios de los 90.

-Política, urbanismo y comisiones son términos estrechamente unidos... ¿Se cometen irregularidades?

-Como todo en la vida. Ser juez también podría dar pie a que nos paguen comisiones por poner las sentencias, el hecho es si se puede acreditar o no. La ley establece un control riguroso, pero siempre se puede saltar; de la misma forma que existe un control riguroso en la actividad de los jueces. Ahora, si a mi me dan un sobre bajo cuerda y no se puede probar...

-¿En algún momento se ha sentido condicionado a la hora de dictar una sentencia?

-Llevo 22 años de juez. Jamás me ha llamado nadie para decir cómo tengo que poner una sentencia. Luego, eso sí, cuando vamos a dictar una sentencia sobre El Cabanyal, tienes en la prensa, quince días antes, las opiniones de unos y de otros.

-¿Y eso le influye?

-No

-Precisamente la sentencia de El Cabanyal, que dio luz verde a la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar dividiendo en dos este barrio, puso de manifiesto la fragilidad del concepto Bien de Interés Cultural (BIC) ante el interés general.

-Lo que hace la sentencia es compaginar el bien de interés general, que suponía el acceso de Valencia al mar, con el Bien de Interés Cultural. De todas formas, si cuando se declara una zona BIC no se puede tocar un ladrillo, va a la ruina. Si no permites adecentar un barrio, remodelarlo y adaptarlo a los tiempos, la declaración como BIC es una sentencia de muerte.

-¿Cómo se explica la disparidad de criterios en torno a las antenas de telefonía móvil?

-Yo me estudié todos los informes oficiales, pero no te dicen que no sean peligrosas, sólo que no se ha demostrado. Por eso existen sentencias contradictorias, porque se argumentan en el principio de precaución. Pero este principio tiene que tener una base, unos parámetros mínimos, porque si el argumento es que en el futuro se puede descubrir que sean peligrosas, eso puede ocurrir con cualquier alimento y con cualquier cosa. Yo soy de las pocas personas que no tienen móvil. Todo el mundo quiere tener móvil pero no antena; todo el mundo quiere tirar la basura, pero nadie quiere vertederos; en la actividad humana el riesgo cero no existe.

-¿Recuerda cuál es la sentencia que más le ha costado poner?

-Son muchas y además las sentencias no son fáciles o difíciles por la cuantía ni por la materia. Hay materias que parecen muy fáciles y de escasa cuantía, y a lo mejor nos tenemos que reunir siete durante una semana. Y hay casos que parecen muy gordos de cara al público a nivel de prensa y en realidad en una hora los tenemos resueltos.

-¿La ideología condiciona a la hora de dictar sentencia?

-La ideología siempre condiciona la vida de una persona. Lo único que tiene que tener en cuenta el juez es el artículo 117 de la Constitución, que dice que está sometido a la ley, pero no a la que te gusta, sino a la que hay, porque si no nos convertiríamos en legisladores. Hay veces que voy a poner una sentencia y pienso: «esta situación es injusta».Muchas veces piensas que la ley es una chapuza pero no tienes más remedio que aplicarla.

-¿Alguna vez ha sentido que se equivocaba?

-Si lo sentía, lo he redeliberado con los compañeros y lo he cambiado. Después, sí. El ordenador es muy traidor. Cuando reviso las sentencias, muchas veces pienso: «¡cómo pude poner yo eso el año pasado!».

-El anterior presidente José Diaz dijo que el mayor éxito de sus 18 años al frente de esta Sala era que nadie se hubiera enterado.

-El juez es como el árbitro. Cuando en un partido de fútbol se habla del árbitro, malo. Coincido con él.

TEXTO: ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE FOTO: ROBER SOLSONA