Suspendidas las obras del vial Cabanes-Oropesa

La Audiencia Provincial de Castellón ha dictado el mantenimiento de la suspensión cautelar de las obras de la carretera Cabanes-Oropesa. La Audiencia entiende que las actuaciones de los consellers de Obras Públicas y Medio Ambiente pueden ser constitutivas de delito ecológico y pide al juez instructor que realice todas las diligencias necesarias.

CASTELLÓN. Lorena Pardo
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La sección tercera de la Audiencia Provincial de Castellón ha dado la razón al fiscal que lleva el caso de la carretera del nuevo vial Cabanes-Oropesa y al grupo ecologista GECEN, al dejar sin efecto el auto de archivo dictado por el juez del juzgado de instrucción número 9 de Castellón que cerró la causa de las obras de la carretera el pasado 24 de agosto.

Cabe recordar que el proyecto de construcción del nuevo vial incurría tres kilómetros en el perímetro de protección del paraje natural del Desert de les Palmes, una circunstancia que había sido denunciada por los vecinos del Desert y los grupos ecologistas. Sin embargo, y a pesar de estas protestas, la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte (Coput), siguió adelante con las obras, que más tarde fueron paralizadas en el tramo de la incursión y en septiembre cerrada la investigación.

Según la sentencia, los titulares de las Consellerias de Obras Públicas y Medio Ambiente, pueden haber incurrido en un delito ecológico por permitir que la obra, que invadía el perímetro de protección del paraje natural del Desert de les Palmes, por lo que se considera justificada la incoación de un proceso penal y por consiguiente la práctica de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Además, la sala no acepta los argumentos expuestos en los que se basó el juez de instrucción, de declaración de un agente de la Guardia Civil para archivar el caso, y considera que las diligencias practicadas hasta el momento son «claramente insuficientes».

GUARDIA CIVIL

La sección tercera de la Audiencia de Castellón también ha desestimado la declaración de un agente de la Guardia Civil, que fue presentada en su día como prueba pericial por el abogado de la administración quien argumentó que «las obras no perjudicaban al Desert». La sala tercera entiende que esta valoración excede de las competencias del agente de la Benemérita y que para ser aceptada la prueba el agente debería tener la cualificación necesaria que no consta.

En cuanto a la suspensión de las obras, se considera una medida «necesaria y proporcionada».

La sección Tercera ha remitido de nuevo el caso al juzgado número 9 que deberá practicar todas las diligencias de manera que se atienda al impacto que pueda causar esta obra en el paraje natural del Desert de les Palmes, en la cueva de Miravet y el perjuicio sobre el barranco de Les Santes. Ahora se deberá practicar el estudio hidrológico de la zona y se tomará declaración a los imputados Pedro Marco, director general de obras, y a Josep Llin Belda, jefe de la oficina del Plan de Carreteras de la COPUT. Más tarde, y en Valencia, se tomará declaración a los consellers y se decidirá la fecha del juicio.