El exlíder del PSOE valenciano sugiere a la Policía buscar en Google para investigar su financiación

El enfrentamiento ha surgido a raíz de una intervención del diputado del PP Rubén Ibáñez, quien ha leído la literalidad de un informe de la Policía obrante en la causa judicial. La parlamentaria del PSPV Rosa Peris ha saltado de su asiento para criticar que se pudiera usar ese documento cuando las actuaciones judiciales de un proceso de instrucción tienen el carácter de reservadas (aunque se levante el secreto de sumario), por lo que no pueden trascender a terceros. Aunque a nivel formal así es, la utilización de esta documentación suele ser habitual en numerosas comisiones de investigación que afectan a otros casos, normalmente del PP.

En su argumentación, Peris ha realizado una dura advertencia a la presidencia de la mesa, que ocupa el diputado de Podemos César Jiménez: «Si permite que se use el informe, perderá la condición de presidente imparcial . Se está comentiendo un delito y lo está admitiendo». Ya en un tono más rebajado, la parlamentaria de Compromís Mónica Álvaro ha señalado que su grupo «adolece de una inseguridad jurídica» también por esta cuestión.

Tras unos momentos de cruce de palabras con interrupciones y peticiones de respeto, Jiménez ha solicitado que se hagan llegar a la mesa estas valoraciones por escrito y, de paso, que «no se ponga en duda el trabajo de la comisión» . Una reclamación que llega después de que PSPV y Compromís la hayan calificado de «absurda» en varias ocasiones .

En cuanto a los comparecientes, el primero en acudir ha sido el que fuera en el momento de los hechos que se han investigado líder de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla . La juez que instruyó la causa durante año y medio apuntaba a un entramado en cuyo centro se encontraba la mercantil Crespo Gomar, una agencia de comunicación con la que trabajaron los socialistas y los nacionalistas entre 2007 y 2008 que realizó, según las sospechas de la magistrada, servicios a estas formaciones de cuyo pago se habrían hecho cargo terceras empresas mediante la confección de facturas falsas. En la documentación, que ha venido publicando ABC, aparecen las mercantiles Hospimar 2000, Quick Meals Ibérica, Construcciones Blauverd y Centro Comercial y de Ocio La Vital, a través de Metrovacesa.

Los conceptos de las facturas son muy variados : diseño de la campaña, merchandising, imagen, folletos, lema, eventos, asesoramiento, cartelería, fotografías... pero existen algunos especialmente llamativos, como el de «compras para el vestuario» del candidato -en referencia a Joan Ignasi Pla- por valor de 4.190 euros. También existe una dedicada a la organización de una protesta contra Canal 9 que tuvo lugar a las puertas de las instalaciones en septiembre de 2006; otra sobre la presentación de un libro del exlíder del PSPV; o una en la que figura «Alquiler máquina Solarium» por un precio de 360 euros.

Ninguna de estas facturas ha sido reconocida por Pla a preguntas del PP. «No sé quién pagó eso», «me pago mi ropa normalmente» o «me dedicaba a cuestiones políticas y no económicas» han sido algunas de sus respuestas.

En una de sus intervenciones ha puesto en duda la investigación policial, al igual que suelen hacer otros cargos del partido. De este modo, ha expuesto que la constructora Blauverd también contrató a Crespo Gomar. Un dato que, en su opinión, podría haber acreditado la Policía «sólo con buscar en Google» . «Tampoco era tan complicado», ha añadido. De hecho, no ha dudado en hablar de la credibilidad que puede darle a la Udef: «La misma que el PP le daba a los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que en su día dijeron lo que dijeron del señor Francisco Camps».

Pla ha tratado de desvincular igualmente a su partido de los indicios de delito investigados aludiendo al auto judicial. Sin embargo, éste lo que indica es que existen sospechas de financiación ilegal tanto del PSPV como del Bloc, pero los hechos estarían prescritos .

Más allá de estas consideraciones, Pla ha indicado que el partido «hizo un estricto cumplimiento de la legalidad» y las facturas de Crespo Gomar «se pagaron seguro».

Posteriormente, le ha tocado al turno a la directora general de Consumo del Ministerio de Sanidad en 2008 y candidata socialista a la alcaldía de Alicante en 2007, Etelvina Andreu, quien se ha acogido a su derecho a no declarar. La justificación ha sido que la causa en la que ha figurado como imputada se encuentra todavía pendiente del archivo definitivo debido a los recursos interpuestos por el PP.

Ante esta situación y las pocas aclaraciones de Pla, Podemos ha denunciado que los socialistas están «torpedeando el trabajo de la comisión» y amplían «las dudas sobre cómo se financió la campaña de 2007».

En tercer lugar, el empleado de Crespo Gomar Vicente Benlloch, que estuvo en la empresa del año 2000 a 2007 y que en su última etapa fue director general, ha apuntado que él no tiene conocimiento de que se facturara «ninguna cantidad a ningún cliente que no corresponda» y que él sepa «no se ha facturado nada por cosas que no se hicieran».

Por último, ha acudido José Manuel Orengo, exalcalde de Gandia y hasta hace poco asesor del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Durante su intervención, ha negado irregularidades en la subvención que se dio a la Federación Valenciana de Fútbol -bajo sospecha judicial- en su etapa frente al Ayuntamiento de la localidad. Igualmente, ha indicado que no sabe «si el PSPV ni ningún otro partido ha pagado sus deudas respecto a campañas electorales» porque no es ni su «función» ni su «cometido».

En un papel mucho más discreto que cuando acudió a declarar al Senado, Orengo sí ha admitido que le resulta «extraño» que dos empresas -Hospimar 2000 y Quick Meals- realizaran donaciones «incorrectas» al PSOE de Benidorm para financiar al partido de cara a la campaña electoral de 2007 . También parece haberle resultado raro que Joan Ignasi Pla apareciese por su municipio, Gandia, para reunirse con responsables de Crespo Gomar .