Sortu, ¿cuestión de valentía?

Socialmente, nadie alberga duda alguna de que Sortu encarna el proyecto de dirigentes «abertzales» que en su día encabezaron listas de partidos ya ilegalizados y que, en algunos casos, han permanecido y permanecen aún en prisión como miembros o colaboradores de ETA. El hecho de que esos dirigentes con antecedentes penales vinculados de una u otra forma a la actividad terrorista no figuren ahora en la dirección o las listas de Sortu no implica por sí misma la legalidad del proyecto. No por presentar listas blancas, el proyecto tiene por qué ser necesariamente blanco o neutro a efectos legales. Tampoco una hipotética condena del terrorismo implica automáticamente la presencia en unas urnas ni justifica su legalidad. Además, aún no se ha producido una condena del terrorismo en estricto sentido, aunque algunos entusiastas de la democracia mal entendida crean con ligereza que «rechazar la violencia» significa expresamente «condenar el terrorismo».

Son muchas las aristas jurídicas que regula la Ley de Partidos Políticos, y ninguna de ellas es excluyente de la anterior ni todas son concebibles por separado. Un partido debe su legalidad al cumplimiento de todos y cada uno de sus preceptos. Y jurídicamente poca interpretación política cabe. Pero a la vista de afirmaciones como las del todavía presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, poco importa la vertiente jurídica. Siendo capaz de compartir vinos con un terrorista como Josu Ternera, es lógico que sea capaz también de reducir el final de una lacra social tan grave como el terrorismo a una mera cuestión de «valentía» del presidente del Gobierno. Desde planteamientos tan frívolos, tan dañinos para las víctimas del terrorismo, tan ofensivos para todos los demócratas, resulta incomprensible que no renuncie a su militancia en el PSE y dimita como presidente del socialismo vasco.

La existencia de Sortu, ¿es un problema de valentía o de legalidad? ¿Por qué cree Eguiguren que con Sortu en las elecciones locales se acerca el fin de ETA? Nunca un batasuno ha dado una orden a un etarra. El papel de subordinación, de obediencia ciega, es precisamente el inverso. Por ello conviene aprender de los errores del pasado, cuando el fiscal general admitía sin ruborizarse que a veces convenía manchar las togas con el barro del camino. El mismo fiscal errado que cínicamente creyó que la Ley de Partidos era un «Guantánamo electoral». Cuatro años atrás, la Fiscalía y el Estado permitieron que algunas agrupaciones de electores y candidaturas de ANV pasaran el filtro. Después ANV fue ilegalizada. Para entonces, los concejales batasunos ya reían apoltronados en sus ayuntamientos sin posibilidad de ser expulsados. Hoy no es una cuestión de falta de valentía o de barro en el camino. Es una cuestión pura de legalidad. La ley sólo puede ser generosa con quien la cumple. Nunca con quien quiere burlarla y pisotearla.