Los socios locales de Aguas de Valencia se unen para adquirir la totalidad de la empresa

El bloque valenciano podría lograr una rebaja significativa en una operación que, a precios de mercado, se elevaría a más de 45 millones de euros

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A. CAPARRÓS

VALENCIA. El grupo de accionistas locales de Aguas de Valencia (Banco de Valencia, Boluda Shipping, Facsa y Lubasa) han alcanzado un principio de acuerdo para optar como un bloque a la compra del 33% del capital de la firma hídrica que en la actualidad está en manos de Saur, la compañía gala propiedad del fondo de inversión Paribas Affaires Industrialles (PAI).

De esa forma, se garantizarían el control de la empresa, bloquearían la entrada de algún nuevo socio no deseado y rebajarían el coste de la operación. De hecho, cuando en marzo de 2003 realizaron una oferta conjunta por dicho paquete de 100 euros por acción (64,7 millones), recibieron un no por respuesta. A día de hoy, el precio de mercado de los títulos de Saur se queda en 45,3 millones, y las fuentes consultadas creen que se podría conseguir una rebaja significativa.

El acuerdo, gestado en los últimos días, permite a los socios locales adoptar una posición de fuerza ante la hipotética venta de los activos por parte de PAI, que a principios de año compró al grupo Bouygues la mayor parte de su división de agua (entre la que se halla la participación de Saur en Aguas de Valencia) por 1.031 millones de euros.

Desde entonces, «todos los accionistas de Aguas han intentado comprar ese 33%, pero la respuesta ha sido negativa», según recordaban fuentes conocedoras del proceso. Además, las discrepancias internas por la pérdida de contratos en la Comunidad (que han ido a parar en la mayoría de los casos a manos de Aguas de Barcelona) agrandaron la brecha entre los accionistas valencianos. Finalmente, el conato de crisis se cerró con la marcha del director general, Alberto Alonso, y su sustitución por Francisco Zorrilla, un hombre «del negocio del agua», procedente de la filial Egevasa, en un relevo consumado hace apenas tres semanas.

Los accionistas locales consultados ayer por ABC reconocían que la empresa «arranca una nueva etapa en la que el objetivo es recuperar los contratos perdidos, afianzar su presencia en la Comunidad y seguir creciendo».

Por todas estas razones, los socios locales han variado su estrategia y, en lugar de hacer cada uno la guerra por su cuenta, han decidido sumar voluntades y dinero.

Sin embargo, los esfuerzos por reconducir la situación de la compañía, una vez superada la crisis de finales de 2002, que se saldó con la marcha de sus principales directivos y una crisis política de primerísima magnitud, podrían quedar en agua de borrajas en el caso de que el fondo PAI decidiera vender su participación a un tercero. De hecho, el Canal de Isabel II (propiedad de la Comunidad de Madrid) recibió la llamada de un intermediario de PAI para ofrecerles su participación, como adelantó ABC el pasado 27 de junio. En fuentes empresariales también se daba por seguro el interés de Aguas de Barcelona (controlada por La Caixa) en extender su hegemonía en el sector.

Camino de la «valencianización»

Ante esta tesitura, los accionistas locales de Aguas de Valencia han optado por hacer piña para blindar su posición en la compañía y consumar la «españolización» (en este caso «valencianización») tan anhelada desde la esfera política en anteriores legislaturas, y que tampoco vería con malos ojos el actual Consell, ajeno no obstante a los movimientos actuales.

La unidad de acción sellada por el Banco de Valencia (19,1% de las acciones), Boluda (11,4%) y las castellonenses Facsa (13,7%) y Lubasa (9,8%) «ahuyentaría» a posibles compradores, que tendrían que realizar un desembolso económico importantísimo para tomar ese tercio de las acciones, que no le permitiría controlar la empresa al toparse con un bloque enfrente que domina el 60% de los títulos. Difícilmente alguna empresa accedería a una operación de tanto volumen para quedar en posición minoritaria.

Esa maniobra supondría, por tanto, «restar valor a las acciones de Saur». Vicente Boluda, presidente de la compañía, y Domingo Parra, consejero y máximo responsable ejecutivo del Banco de Valencia, han comandado la negociación, que supone una ventaja competitiva para los socios actuales ante la hipotética puesta en venta de los títulos de PAI. El propio Boluda ya recordó, al término de la junta general de accionistas del pasado mes de junio, que en el caso de que hubiera un comprador ajeno a los actuales socios «sólo tendrá un 33% de la empresa».

El plazo de venta

Incluso, como el propio presidente reconoció, los activos que PAI podría incluir en la operación, ajenos a Aguas de Valencia (unos negocios menores en Canarias e Iberoamérica), no supondrían obstáculo alguno para los accionistas locales, que han cerrado sus divergencias y han abogado por sumar esfuerzos para «bloquear la venta a un tercero» y situarse en una posición de privilegio ante la venta del paquete del fondo de inversión, que según las diversas fuentes consultadas podría producirse en apenas seis meses (según el vaticinio de Boluda) o, en el peor de los casos, en un año.