El «soberanismo» se hace hueco en la Comunidad Valenciana

El próximo 29 abril, ACPV ha convocado una manifestación en Valencia para denunciar el «expolio fiscal» que, a su juicio, sufre la autonomía y contra los Presupuestos Generales del Estado diseñados por el Gobierno de Mariano Rajoy. La marcha se encuadra en la conmemoración del aniversario de la Batalla de Almansa y también servirá para reclamar el regreso de las emisiones de TV3 a la Comunidad Valenciana.

A pesar de que las tesis secesionistas no han logrado calar históricamente entre el electorado valenciano, los grupos que las alimentan figuran entre los receptores de ayudas públicas tanto del Gobierno autonómico como de la propia Generalitat de Cataluña.

Así, solo en el segundo semestre del pasado año, el Departamento de Presidencia de Carles Puigdemont destinó más de 1,57 millones de euros en subvenciones a entidades radicadas en la Comunidad Valenciana partidarias de las tesis soberanistas , de acuerdo con la información suministrada por el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC).

El reparto de ayudas coincide con un nuevo «clima de entendimiento» entre el presidente catalán y su homólogo, Ximo Puig , que se ha plasmado en la Declaración de Palma, en la que junto al Gobierno balear se comprometen a crear un frente común «ante las políticas estatales lesivas con el catalán».

Uno de los primeros acuerdos ha sido reclamar al Gobierno central que financie íntegramente el coste de la traducción al catalán del Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tanto Acció Cultural del País Valenciá (que percibió 1,3 millones de euros de la Generalitat de Cataluña) como Escola Valenciana (120.000 euros) suscribieron el pasado mes de febrero, en vísperas del juicio a Artur Mas , el manifiesto unitario «Por la Democracia» en favor del proceso «democrático y soberanista» de Cataluña y contra «la judicialización que pretende imponer el Estado Español».

Estas organizaciones percibieron el pasado año cerca de 400.000 euros en subvenciones públicas otorgadas por la Generalitat Valenciana.

En paralelo, de la mano de organizaciones como la propia ACPV y Escola Valenciana, el Gobierno valenciano está dando pasos que se asemejan a los puestos en marcha en Cataluña durante los últimos años respecto a los «agravios» del Estado en materia de financiación e inversiones; la inclusión de la competencia lingüística como condición para el acceso a la función pública valenciana; la marginación del castellano en la educación pública con un decreto de plurilingüismo que el Ejecutivo de Rajoy amenazó con denunciar en los tribunales; la colaboración con el Instituto Ramón Llull para la promoción de la cultura catalana en el extranjero; o la reciprocidad de las emisiones de la nueva televisión valenciana con la catalana TV3 y la balear IB3.