El Síndic de Greuges acusa a la Conselleria de Mónica Oltra de dañarle por su falta de colaboración

"La situación a la que se ha llegado resulta difícilmente sostenible", asevera el último informe del Síndic de Greuges, que se ha entregado hoy a Les Corts Valencianes y posteriormente han dado a conocer en rueda de prensa el Síndic, José Cholbi , y los dos adjuntos, Ángel Luna y Carlos Morenilla.

El informe refleja que, de las trece Administraciones que no han contestado a las peticiones de información de la institución tras varios requerimientos, la Conselleria de Igualdad ocupa el primer lugar, en 133 quejas, y también el de las Administraciones que no han dado respuesta a las sugerencias del Síndic, en 95 casos.

El Síndic de Greuges lamenta que, por primera vez, en un destacado número de expedientes ha tenido que dictar resoluciones sin haber recibido "respuesta alguna" de la Conselleria, después de reiterados requerimientos y tras más de cuatro meses de espera , lo que supone un incumplimiento de la ley de la institución.

Expone que no tiene capacidad para concluir si esas "anomalías se deben a la falta de medios o a una deficiente organización de los mismos", pero asevera que tiene la obligación legal de "denunciar ante Les Corts el avanzado deterioro de esta situación", pues afecta a la protección de los derechos de personas en graves dificultades.

Según el informe, estos retrasos son "especialmente incomprensibles " si se tiene en cuenta que, en la mayor parte de los supuestos, los informes de la Conselleria son respuestas "estandarizadas" en las que solo se cambia el nombre de la persona, por lo que no requieren "un esfuerzo de elaboración".

La institución admite que sus resoluciones no gozan de fuerza para obligar a su cumplimiento, y por ello necesita la colaboración de las instituciones, pues si no puede llegar a ser "una voz que clama en el desierto, viéndose obligado a gritar cada vez más fuerte ", por lo que la lamenta la "inhibición", cuando no el "entorpecimiento" a su labor.

El Síndic de Greuges alerta además de la "falta de impacto" de la entrada en vigor de la ley de 2016 reguladora de los procedimientos de emergencia ciudadana, que debía reducir a la mitad los plazos para reconocer determinados derechos básicos, pues los retrasos son "exorbitantes" y la Administración actúa como si la ley "no estuviera en vigor".

Durante 2017, la institución tramitó 17.544 expedientes de quejas (39 de ellas de oficio) y dictó 6.476 resoluciones, de las que se han aceptado el 92'3 %.

Por áreas, el 50 % de los problemas investigados por el Síndic se refieren a la prestación de servicios públicos básicos, como educación, con 6.661 quejas, de las que 5.765 fueron acciones colectivas por la supresión de unidades concertadas de Bachillerato y 618 quejas por el nuevo modelo de plurilingüismo.

En medio ambiente se tramitaron 2.891 quejas, 1.322 de ellas por el tratamiento de aguas residuales en la isla de Tabarca; en sanidad hubo 2.290 quejas, 1.183 de ellas por la falta de desfibriladores en instalaciones deportivas; y en atención a la dependencia 937 quejas, sobre todo por el retraso "desmedido" en resolver procedimientos.