La rotonda de los 24 millones de euros en Valencia sale del limbo doce años después de su inauguración

El Ayuntamiento de Valencia y la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Transportes han acordado reacondicionar el acceso norte a la ciudad por la V-21 tras más de una década de deterioro y de confrontación sobre la titularidad de la obra . El consistorio se negaba a recepcionarla si su todavía propietario, el Gobierno de España, no reparaba los desperfectos.

Este viernes, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha anunciado la firma de un convenio de colaboración con el departamento que dirige José Luis Ábalos para desbloquear una situación «insólita e impropia», que se materializará en las próximas semanas. De hecho, las obras, financiadas por el Estado , podrían comenzar este mismo verano. Tras estas actuaciones, el Ayuntamiento recepcionará finalmente la infraestructura viaria, a la espera de definir quién se hace cargo de su mantenimiento.

El objetivo no es otro que devolver este espacio abandonado a su estado inicial, una condición indispensable que el Ayuntamiento había puesto siempre encima de la mesa antes de pasar a gestionarlo. De hecho, los técnicos de las distintas áreas del consistorio valenciano cifraron en su momento en poco más de tres millones de euros el gasto necesario para acondicionar de nuevo una de las entradas de la tercera ciudad de España.

Según ha explicado Ribó, el consistorio ha solicitado cerca de 50 intervenciones , entre las que se incluyen el cierre y la eliminación de los accesos inferiores, el desmontaje de las pasarelas inferiores de peatones o trabajos de jardinería y accesibilidad. Así pues, se actuará en la rotonda de 7.200 metros cuadrados, las fuentes rectangular y circular, así como en el paso subterráneo, pero no en la conocida como Torre Miramar , que se sitúa en medio del estanco principal.

El elemento «más singular» «queda de momento fuera de las actuaciones y del convenio a la espera que el nuevo acondicionamiento del entorno permita generar una expectativa entre posibles interesados para gestionarla en régimen de concesión pública », ha apuntado el primer edil.

Ribó ha aprovechado la reunión que ha mantenido este viernes con representantes de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana para reafrimarse en su propuesta de convertir esta torre de 45 metros de altura en un rocódromo , «como ya ocurre en otras ciudades que aprovechan arquitecturas obsoletas para este uso». Se plantea incluso que la zona se habilite para la práctica del parkour y otros deportes urbanos como la danza urbana, el skate o la calistenia.

La construcción de la entrada a la capital del Turia desde la carretera de Barcelona había sido una reivindicación histórica de los vecinos de Valencia. Una iniciativa que finalmente llevó a cabo el Gobierno de Zapatero pero que ya había dado sus primeros coletazos en el anterior ejecutivo de Aznar. Se coincibió como un atractivo más, pero con el tiempo se ha convertido en un quebradero de cabeza.

El proyecto se tuvo que readaptar, puesto que la construcción de la torre, con un mirador con capacidad para 160 personas , no se había contemplado en un principio.

Esto hizo que el presupuesto se disparará, desde los 15,9 millones de euros previstos hasta los 24 que acabó costando un edificio que, según cuentan los pocos que le dieron uso, no aporta nada a las vistas que se pueden apreciar desde otras fincas de la zona , en las que el mar apenas se aprecia.

Tres meses después de que el entonces ministro de Fomento, José Blanco, descubriera la placa inaugural, el mirador quedó en tierra de nadie y cerró sus puertas. El Gobierno del PP en Valencia, liderado por Rita Barberá, se negó a recepcionar la obra. Primero, porque dudaba de su rentabilidad económica teniendo en cuenta los costes de mantenimiento y la necesidad de contratar personal de seguridad para el recinto.

En 2011, el ascensor que permitía subir a lo alto de la torre se estropeó . Desde entonces, el mirador solo ha sido testigo de actos vandálicos, con un entorno formado por pasillos subterráneos grafiteados y piscinas con estructuras de hierro oxidado sin ningún tipo cuidado.

Una situación que, pese a los cambios de color político en los ejecutivos central y local -cuyas diferencias no ayudaron en la resolución temprana del conflicto-, no había cambiado hasta ahora.