Joan Ribó mantiene en el cargo al concejal de Compromís procesado por homicidio imprudente

Su partido, Compromís , tampoco pedirá que se le aparte del cargo ni que dimita porque no se trata de un caso de corrupción política, sino de unas actuaciones judiciales fruto de la gestión. El código ético de la coalición no exige apartar a ningún cargo de su responsabilidad por casos que deriven de una actuación administrativa.

Fuentes de Alcaldía aseguran que Fuset recurrirá la decisión del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia -tiene un plazo de diez días para hacerlo- porque «se entiende que ese accidente no responde» a su responsabilidad como concejal. Las mismas fuentes consideran «sorprendente» el procesamiento de un cargo público por unos hechos en los que «obviamente» no tuvo «participación directa».

Al mismo tiempo, desde Alcaldía manifiestan su «respecto absoluto» por las decisiones judiciales y lamentan -tal y com se hizo en su día- «profundamente» la muerte de una persona.

Junto a Fuset, otras seis personas podrían enfrentarse a un juicio -a menos que prosperen los recursos contra la decisión del juez- como presuntos autores de los delitos de homicidio por imprudencia grave y contra la seguridad de los trabajadores . Se trata de cuatro responsables de las empresas Promociones Musicales Osuna y Caledestina Lance, un responsable de T Tercio que a su vez es vicepresidente de la Asociación de Promotores Musicales de la Comunidad Valenciana, y el presidente de la misma entidad.

Los hechos se remontan el 27 de junio de 2017 cuando un operario de 47 años que trabajaba en la construcción de unas gradas con capacidad para mil personas para los conciertos musicales de la Feria de Julio pisó una tabla que se venció y cayó desde una altura de 3 metros, se golpeó la cabeza y falleció unos días después en un hospital de Valencia.

El auto de incoación de procedimiento abreviado -al que ha tenido acceso ABC- indica que sobre Pere Fuset, existen indicios racionales de que personalmente, no a través de sus técnicos «exigió con un mínimo de antelación a la celebración del concierto premura en el montaje de las gradas » y no pidió a la empresa contratada «que ocupó sin concurso parte del dominio público el estudio de seguridad laboral y salud del montaje de la obra».

El Ayuntamiento de la capital -también procesado en la causa como persona jurídica- ya tuvo que hacer frente el año pasado a una multa por parte de la Inspección de Trabajo de 40.986 euros por una infracción muy grave, ya que no existía evaluación de riesgo ni se adoptaron medidas de protección.

Al respecto, en su declaración como investigado -antes imputado- Fuset explicó que el consistorio no había recurrido esa sanción porque se les había pasado el plazo para hacerlo. Preguntado sobre si firmó la autorización de la grada, aseguró que actuó conforme a los informes de los técnicos municipales y que firmaba lo que estos le «ponían delante».