Los regantes del Segura se movilizan en los tribunales y en la calle contra el recorte del Gobierno al trasvase del Tajo

El día 17 será la primera ocasión en que los agricultores tomen la calle, en esta ocasión, en Alicante , convocados por Asaja, un escenario en el que ya escenificaron en el pasado el entierro del trasvase, con ataúd incluido. Posteriormente, se manifestarán en otras ciudades.

Por la vía judicial, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura ( SCRATS ) tratará de luchar porque el Plan de Cuenca del Tajo (el único de España en el que se aumentan los caudales ecológicos ) entra en contradicción con el del Segura, una demarcación en la que no se pueden mermar así las transferencias hídricas sin que se resientan los recursos.

Aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez argumenta que los trasvases son antinatura desde el punto de visto medioambiental, existen otras razones ecológicas que se ignoran en esta ecuación. «Hay que considerar también que los recursos que llegan desde el Tajo son vitales para cubrir las necesidades hídricas medioambientales de la cuenca del Segura: la reducción de los caudales previstos aumenta el riesgo de desertificación y de salinización de suelos en su área de influencia y la diversificación de cultivos asociada al regadío posibilita la conservación de una biodiversidad que desaparecería sin esa alternancia de cultivos», según un informe de las Cámaras de Comercio de Alicante y Orihuela refrendado por otras entidades camerales murcianas.

«La sostenibilidad del regadío y su implicación medioambiental es un elemento clave de la lucha contra el cambio climático , que muy a menudo se olvida», añaden en este documento enviado al Gobierno central, en el que también se alerta de que «el trasvase es la auténtica garantía de abastecimiento urbano para más de tres millones de habitantes y visitantes».

En concreto, suministra agua a todos los municipios de la provincia de Murcia (a excepción de Jumilla y Yecla) y gran parte de los de la provincia de Alicante, entre los que se incluyen los municipios de mayor consumo y afluencia turística. También más o menos la mitad de los regadíos de la cuenca del Segura dependen del Trasvase Tajo-Segura (más de 150.000 hectáreas) .

Y no se trata de un territorio precisamente rico en reservas. A pesar de las lluvias de récord histórico de esta primavera, sus embalses se encuentran al 45,1% de su capacidad , que es una de las más bajas de España, diez veces más pequeña que la del Tajo, con 11.056 hectómetros cúbicos totales, si bien ahora mismo las reservas en la cuenca cedente se encuentran al 50,5%.

En el citado informe cameral -enviado también a la Comisión Europea- «queda de manifiesto la enorme preocupación de las regiones afectadas por este gravísimo problema, en el que no solo no se avanza, sino que se retrocede a marchas forzadas: el Trasvase Tajo Segura es una necesidad ineludible que no puede verse sometida a constantes vaivenes y c ambios de postura partidistas y la situación actual debe tener una respuesta contundente por parte de todos los partidos políticos, instituciones y de los ciudadanos de Alicante, Almería y Murcia, ya que los continuos cambios de criterio sobre el Trasvase son un lastre para el desarrollo empresarial».

En este plano político al que aluden las Cámaras, el líder del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón , ha reiterado su compromiso firme para llevar la batalla judicial hasta donde haga falta y este martes ha rechazado el «comité de expertos » anunciado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig .

El jefe del Ejecutivo autonómico también ha anunciado recursos contra los recortes del trasvase para reclamar que las condiciones se queden como están hasta ahora. No obstante, admite la desalinización también como solución de futuro perdurable para la escasez de recursos hídricos.

Y este agua resulta más cara para los agricultores. En estos momentos, se baraja una horquilla de precios en torno a los 54 céntimos de euro por metro cúbico, si bien los responsables ministeriales tratan de apaciguar los ánimos en Alicante, Murcia y Almería negociando que ese coste se rebaje algo por encima de los 30 céntimos, un tope que ya se les había prometido hace años.