Quico Catalán desmiente que Tebas le contara sus recelos sobre el posible amaño del Levante-Zaragoza

Catalán ha comparecido como testigo en la sexta jornada del juicio que se celebra en Valencia. El presidente del conjunto valenciano ha puesto el foco en que «no recuerda» la llamada a la que Tebas ha hecho referencia en su declaración. «Si hubiera tenido esa conversación, mi forma de proceder habría sido diferente a la que fue», ha defendido.

Catalán ha asegurado que su mayor preocupación era que el partido se celebrara con total normalidad, puesto que se esperaba una gran afluencia de aficionados del Zaragoza. Para la coordinación de la gestión de «todo aquello» sí que se puso en contacto con algún dirigente del Real Zaragoza, entre los que ha nombrado a Francisco Checa. El dinero de esas entradas – «más de 200.000 euros» - era muy relevante para el Levante, puesto que el club también estaba en concurso de acreedores, por lo que se pidió a los maños que abonaran el importe de los pases antes del encuentro, bajo la amenaza de desactivar las entradas que no hubiesen sido pagadas, algo que no ocurrió finalmente.

De haber tenido constancia de un posible amaño, Catalán ha puesto el foco en que «como mínimo habría mantenido una reunión con los jugadores » y les hubiera trasladado que bajo ningún concepto podría ocurrir algo anómalo en un partido de futbol». Además, ha asegurado que sí que incidió sobre ello tiempo después con los jugadores y la respuesta de todos fue la misma: «no».

En ese encuentro, «uno se jugaba la vida y el otro había conseguido su objetivo» unas jornadas atrás, ha recordado el presidente del Levante, que ha zanjado defendiendo el trabajo sus jugadores: “vi a un equipo que salió al campo a competir”.

En la vista de este jueves también ha declarado como testigo Pedro Herrera, padre del jugador Ander Herrera -acusado en el proceso-, que ejercía entonces de secretario técnico del Real Zaragoza.

Herrera ha asegurado que no negoció ninguna prima ni con los dirigentes ni con los jugadores del club. «Con mi hijo de temas deportivos no hablaba» , ha señalado, al tiempo que ha comentado que tuvo conocimiento de las transferencias de 90.000 euros (primas especiales según el Zaragoza) del club aragonés a algunos de los jugadores y de la devolución del dinero a Agapito Iglesias – según la versión de su hijo -, una vez abierta la causa. Con Iglesias, de hecho, «no tenía muy buena relación».

El juicio se reanudará el 19 de septiembre con las declaraciones del resto de testigos en la causa. Entre ellos, el consejero delegado del Villareal Fernando Roig Nogueroles, que no ha podido asistir a esta sesión. Queda pediente también la declaración del entonces presidente del Dépor Augusto César Lendoiro, que no ha podido comparecer todavía por motivos de salud.

La versión del Real Zaragoza y sus exdirectivos

La versión de los exjugadores del Zaragoza

La versión de los exjugadores del Levante (I)

La versión de los exjugadores del Levante (II)

La versión de La Liga

El Zaragoza está acusado como persona jurídica -no así el Levante- al igual que su expresidente, Agapito Iglesias, dos exdirectivos, Francisco Checa y Javier Porquera, su exentrenador Javier Aguirre y el exdirector deportivo Antonio Prieto.

Los jugadores y exjugadores acusados son, por parte de aquella plantilla del Zaragoza, Maurizio Lanzaro, Toni Doblas, Paulo da Silva, Ander Herrera, Gabi Fernández, Jorge López, Braulio, Ponzio, Carlos Diogo, Ivan Obradovic, Adam Pinter, Javier Paredes, Leo Franco, Jarosik, Ikechukwu Uche, Lafita, Nicolás Bertolo y Said Boutahar.

De los que formaban parte del Levante, son Miguel Pallardó, Gustavo Munúa, Rafael Jordá, Sergio Ballesteros, Juanfran García, Javi Venta, Rubén Suárez, Xavi Torres, Wellington da Silva, Jefferson Montero, Robusté, Manuel Reina, Caicedo, Cristian Stuani, Vicente Iborra, Héctor Rodas, Xisco Muñoz y David Cerrajería.

El fiscal solicita para los exdirectivos del club, dos años de prisión y nueve meses de multa con una cuota diaria de 50 euros. Para cada uno de los 36 futbolistas procesados se plantean penas de dos años de cárcel y seis de inhabilitación para la práctica profesional del deporte. La Liga eleva la petición hasta los cuatro años de prisión, la condena máxima prevista para delitos de corrupción deportiva.