El PPCV elude la regulación de los vientres de alquiler y se centra la agilización de las adopciones

Una de las que consideran más relevantes es la de adopciones. En el documento presentado por la diputada María José Català se incluyen una serie de medidas para este procedimiento: la agilización de los trámites de adopción tanto nacional como internacional; un acuerdo entre todas las comunidades autónomas para que los padres de una región puedan adoptar en otra, respetando el orden preferencial de los padres de cada territorio; y una deducción fiscal del 50% de los gastos de adopción, ya sea nacional o internacional, con carácter universal (la deducción será del 100% a partir del segundo hijo).

En sus textos, Català también incorpora otras dos iniciativas. En primer lugar, el impulso de un Pacto de Estado sobre la Familia entre partidos políticos, agentes sociales, instituciones y asociaciones familiares. Y, en segundo lugar, adaptar el sistema fiscal a la perspectiva de familia, eliminando cualquier efecto que la penalice y asegurando un trato favorable a la unidad familiar. En ese sentido, plantean atender su reivindicación en torno a la aplicación del criterio de «renta per cápita» para mejorar la equidad en el pago de los tributos y el acceso a las ayudas, bonificaciones subvenciones públicas, etc. Es decir, que se tenga en cuenta a todos los miembros de una misma familia para que sus impuestos y gastos sean más equitativos.

Otras de las enmiendas se refieren a la defensa de la custodia compartida y de un marco normativo común de derechos y servicios sociales que regule las Rentas Mínimas de Inserción.

En cuanto a los textos ya aceptados, el congreso incorporará a su ponencia social dos presentados por la parlamentaria María José Ferrer Sansegundo sobre régimen económico-matrionial y uniones de hecho.

La primera se basa en una iniciativa parlamentaria que el grupo popular ya presentó en las Cortes y que insta a promover iniciativas legislativas para facilitar y agilizar la opción de los cónyuges por el régimen económico-matrimonial que decidan elegir, mediante declaración ante el Registro Civil o por comunicación telemática de las capitulaciones desde las notarías para su inmediata inscripción.

La segunda, sobre uniones de hecho , argumenta que se trata de un modelo de familia «que tiene una conflictividad y litigiosidad enorme tanto por situaciones de ruptura como de disolución por fallecimiento», por lo que piden una legislación estatal al respecto.

En cuanto a la enmienda en defensa del derecho civil valenciano , que se ha presentado a la ponencia económica y territorial, todavía no ha habido pronunciamiento por parte de Génova. En ella solicitan que el partido apoye la capacidad normativa en las comunidades que la tienen reconocida, «desarrollando los cauces disponibles para que se pueda ejercer de verdad la competencia».