Bonig y Císcar, con el portavoz municipal del PP en Alicante, Luis Barcala
Bonig y Císcar, con el portavoz municipal del PP en Alicante, Luis Barcala - JUAN CARLOS SOLER
Política lingüística

El PP recurrirá el decreto que obliga a los funcionarios a atender en valenciano idéntico al de Cataluña

Bonig rechaza que se imponga rotular comercios y hasta comunicarse las administraciones con el resto de España en la lengua autóctona

ALICANTEActualizado:

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) interpondrá otro recurso contencioso contra un decreto del Consell, en este caso el que regula los «usos administrativos e institucionales» de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, que en la práctica y como principal novedad obliga a todos los funcionarios sin excepción a conocer el valenciano y atender preferentemente y en primer lugar en este idioma a los ciudadanos.

Así lo han anunciado este viernes en Alicante la presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, y el presidente del PP en la provincia de Alicante, José Ciscar, quien ha indicado que entienden que esta norma «vulnera» la ley de uso y enseñanza del valenciano.

«Es que es el mismo decreto que en Cataluña y eso es lo que no vamos a permitir», ha advertido Bonig, quien ha defendido que se den ayudas al fomento del valenciano pero no que se imponga la rotulación en esta lengua en los comercios.

«Si un señor quiere (rotular) en inglés, chino, japonés o castellano, dejemos libertad», ha defendido la presidenta del PPCV, quien ha recalcado que los populares están «a favor del uso de la lengua en valenciano y de que todos tienen el derecho de usarla y conocerla».

Alegaciones ignoradas

Las alegaciones del PP cuando el decreto estaba aún en fase de borrador fueron ignoradas por el Consell -gobernado por el PSOE y Compromís, con apoyo de Podemos- y además de los populares, ya han recurrido esta norma el sindicato de funcionarios C-SIF y tienen intención de hacerlo en el Ayuntamiento de Orihuela, municipio situado en una zona mayoritariamente castellanohablante.

Bonig ha matizado que «en determinados puestos de la Administración obligatoriamente se tiene que saber valenciano», pero tal como está redactado el decreto, se pueden dar situaciones disparatadas como que un aspirante a secretario municipal venido de otra comunidad autónoma no pueda optar al puesto por no conocer esta lengua, cuando por sus funciones no atiende al público.

Además, establece su uso «en las relaciones privadas», algo que a su juicio es «más propio de otros regímenes que en democracia». E incluso se impone en las comunicaciones con el Estado, lo que abarca a las otras autonomías, donde, obviamente, no tienen porqué saber valenciano. Los populares abogan porque se utilice el castellano por ser la lengua común, o al menos se dirijan estos mensajes oficiales en bilingüe.

Finalmente, el PP alerta de que no se precisan en el decreto qué sanciones aplicará ni cuáles son las conductas sancionables. Estos aspectos y otros están en fase de estudio por los servicios jurídicos del partido para plantear el recurso.