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Cortes Valencianas

El PP exige a la consellera Bravo que aclare la adjudicación «a dedo» de las obras del TSJ

La diputada Ferrer-San Segundo ha preguntado si habrá sobrecoste y si se otorgaron a TRAGSA para no pagar el IVA

La consellera Gabriela Bravo, en las Cortes Valencianas ROBER SOLSONA

ABC

El PP reclama a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que aclare en las Cortes Valencianas la adjudicación «a dedo» a TRAGASA del proyecto y las obras de remodelación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ( TSJCV ).

Esta demanda está incluida en una batería de iniciativas con numerosas preguntas y solicitudes de documentación presentada por la portavoz de Justicia del grupo parlamentario 'popular' en Les Corts, María José Ferrer San-Segundo .

Según ha indicado la parlamentaria en un comunicado, "esta encomienda de gestión directa, eludiendo la libre competencia competitiva de un sector tan precarizado y necesitado de trabajo como el de la edificación, ha sido denunciada por organizaciones como la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana (CCCV) o la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC), y también en el nacional".

Así, la diputada ha desvelado que el pasado 21 de diciembre la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) impugnó la actuación de Justicia ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales, para reclamar la nulidad de la encomienda, e instar, como medida cautelar, a la suspensión de todo el procedimiento de adjudicación del proyecto y obras de adecuación del TSJCV .

Ferrer San-Segundo ha advertido sobre las consecuencias "de la paralización y considerable retraso que puede sufrir la rehabilitación integral del TSJCV de prosperar las impugnaciones formuladas contra la adjudicación directa a la empresa TRAGSA", por "utilizar de forma abusiva esta forma excepcional y a dedo de contratación, cuando el sector productivo privado está capacitado para realizar estas obras con eficacia y eficiencia".

"¿Se han tomado medidas por la consellera de Justicia, antes de realizar la adjudicación para paliar esa previsible demora en la realización de las obras, y asumir la responsabilidad, si se declara la ilegalidad de la adjudicación que públicamente se ha denunciado?", ha preguntado la diputada.

Concretamente, San-Segundo requiere contestación a Bravo entre otros extremos, como por qué ha adjudicado "de forma directa, sin licitación para permitir la concurrencia , la ejecución de las obras en el TSJ, cuando la declarada desierta fue solo para el proyecto".

«¿Cuánto costará?»

También pregunta si una de las razones de la adjudicación a TRAGSA ha sido "eludir abonar el IVA ; cómo se ha determinado el precio de las obras sin tener el proyecto -puesto que ambas actuaciones se han licitado a la vez-; si se va a revocar la encomienda, tal y como se ha solicitado por distintas organizaciones representativas, para no perjudicar con más demoras las obras de adecuación del TSJ; o cuánto más va a costar a la Generalitat el haber encomendado la obra a TRAGSA , con un precio superior al de la baja media en el mercado".

Además, la portavoz de Justicia ha solicitado toda la documentación sobre el asunto, como el expediente completo de contratación declarado desierto y el de la encomienda de gestión a TRAGSA firmada por la propia Bravo el 5 de diciembre de 2018, o la carta dirigida por la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana también al 'president' Ximo Puig, instando a la revocación del encargo.

" Vamos a llegar hasta el final para que la sociedad, y quienes intervienen en la Administración de Justicia, conozcan las interioridades de una contratación, que se convocó con exigencias imposibles para poder declararla 'desierta' y habilitar la adjudicación 'a dedo', examinando el alcance de las denuncias públicas sobre posibles irregularidades", ha señalado la diputada.

Asimismo, ha indicado que pedirán responsabilidades, jurídicas y políticas, a Bravo "si todo ello provoca la paralización y retraso en la tan necesaria obra de rehabilitación del TSJCV".

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