El portavoz del PSOE valenciano defenderá al presunto cabecilla del 'caso Azud', con socialistas investigados

Mata ha confirmado este miércoles que asumirá la codefensa de Febrer junto a su «amigo» el letrado Miguel Vergara, después de que Las Provincias adelantará su visita a la prisión de Picassent hace unos días para reunirse con su representado.

El constructor se encuentra en prisión preventiva junto al exvicealcalde de Valencia y número dos de Rita Barbéra, Alfonso Grau, y el, hasta su detención, subdelegado del Gobierno en esta provincia, el socialista Rafael Rubio . Los tres siguen encarcelados, por orden del Juzgado de Instrucción número 13 ante el riesgo de destrucción de pruebas, tras ser arrestados junto a once personas más en el marco de la segunda fase de la operación.

Además de Rubio, hay otros dos cargos del PSPV investigados en esta trama: Pepe Cataluña , exsecretario de Finanzas del partido, y José Luis Vera , el todavía jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, la empresa pública de la Diputación de Valencia gobernada por los socialistas y Compromís.

Tanto es así que desde la oposición creen que Mata ha aceptado la defensa del empresario inmobiliario como una forma de obtener información de un caso bajo secreto de sumario y servir al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como correa de transmisión, algo que el aludido tacha de «teorías conspiranoicas».

De hecho, ha afirmado que no conocía a Febrer y ha recalcado que «no es una decisión del partido», ni «nadie» del PSOE le ha pedido que lo haga , sino que este movimiento responde a su vocación profesional. «Si algún día tengo que elegir una cosa u otra elegiré ser abogado: es mi vida, esto -la política- es una cuestión accidental», ha señalado.

Además, ha puesto el foco en que en el periodo que se investiga, él ni «trabajaba en el Ayuntamiento ni tenía nada que ver con la Generalitat», por lo que no hay un conflicto de intereses. En cualquier caso, comparecerá si se lo piden en la comisión de investigación parlamentaria aprobada sobre este asunto.

«Es legal, es ético garantizar el derecho a la defensa e incluso es estético, pero todo es opinable» , ha añadido Mata haciendo referencia a las críticas de la síndica del PP, Eva Ortiz, que considera que el anuncio «no es normal ni lógico» y ha añadido que el tripartito que gobierna la Generalitat -PSPV, Compromís y Unidas Podemos- «bramaría» si la visita a la cárcel fuera a alguien de los populares.

Misma postura que ha adoptado la portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino, que definde como una «torpeza» que el 'número dos' de los socialistas valencianos, que «no tiene un pelo de tonto» , se involucre en este caso. Por su parte, la síndica de Vox, Ana Vega, ha calificado esta cuestión como algo «moralmente reprochable».

No obstante, los socios de Ximo Puig en el Ejecutivo autonómico han cerrado filas con Manolo Mata. Para Fran Ferri, de Compromís, la defensa es un derecho fundamental y «no una incompatibilidad legal», al tiempo que ha recordado que el síndic socialista « renunció a la dedicación exclusiva -como diputado- para ser abogado».

Ferri también ha advertido al PP de que no se puede «escapar» de este nuevo caso de corrupción, al igual que la portavoz de Unidas Podemos, Pilar Lima, que ha incidido en que los populares tienen «mucho que callar» . Asimismo, Lima ha coincidido en que «no se puede limitar el ejercicio de la abogacía».