Podemos salva a Puig, Oltra, Zapatero, Ábalos y tres exministros de explicar la financiación de PSPV y Bloc

Si el debate de ayer sobre la reforma del estatuto de expresidentes ya generaba importantes tensiones entre los grupos , en la cita de hoy no era menor. Tal vez por los ánimos caldeados ante la cercanía de elecciones o por el hecho de que algunos diputados sepan que no les quedan muchos meses en la Cámara, el paciente intento de acercamiento de posturas no parecía la tónica dominante. «¡Qué buen rollito!» , se podía llegar a escuchar irónicamente a algún parlamentario en voz no muy baja. Todo ello unido a reproches, acusaciones cruzadas e interrupciones incesantes.

El lío venía marcado por la aprobación del plan de trabajo que llevará a cabo la comisión. PP, Ciudadanos y Podemos presentaron el pasado octubre una propuesta cada uno . PSPV y Compromís, por su parte, renunciaron a un plan propio con la intención de trabajar sobre la base del de Podemos.

Y así ha llegado todo a la comisión. Los populares y la formación naranja comunicaban que estaban dispuestos a unificar su propuesta de comparecientes junto a los de los morados , pidiéndoles a estos últimos que recogieran el guante. Pero Podemos decidía ir en solitario y votar únicamente por su propio plan, que acababan apoyando PSPV y Compromís.

Los morados, alineados con los socialistas y los nacionalistas a los que se pretende investigar, salvan así de que acudan a la comisión comparecientes que quería la oposición. Entre ellos, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; la vicepresidenta, Mónica Oltra; el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y algunos de los que fueron sus ministros (Bernat Soria, Beatriz Corredor y Leire Pajín) y el exsecretario general del PSPV de la provincia de Valencia y actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Tampoco acudirá en principio -a no ser que les sea aceptada en las sucesivas negociaciones- la larga lista de trabajadores de la empresa Crespo Gomar propuesta por el PP.

Sí tendrán que asistir el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera; su jefe de gabinete, Lluis Miquel Campos; el exalcalde de Gandia y hasta hace poco asesor de Ximo Puig, José Manuel Orengo; el exalcalde de Benidorm Agustín Navarro; el exsecretario de Finanzas del PSPV Pepe Cataluña; el exlíder de los socialistas valencianos Joan Ignasi Pla; la exministra de Medio Ambiente y actual presidenta del PSOE Cristina Narbona; o la exdirectora general de Consumo Etelvina Andreu.

En cuanto a los cargos populares, se incluye al diputado Pepe Císcar; al exalcalde de Gandia Arturo Torró; a la exalcaldesa de Denia Ana Kringe; a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, al exalcalde de Benidorm Manuel Pérez Fenoll; o al diputado provincial y concejal en Gandia Guillermo Barber.

La formación morada también pedía la comparecencia del empresario Enrique Ortiz, además de los responsables de Crespo Gomar y de las empresas que supuestamente asumieron los pagos de las campañas del PSPV y el Bloc (Hospimar, Quick Meals, Construcciones Blauverd, Metrovacesa, Lubasa, Egevasa o Fomento Urbano).

La diputada de Podemos Cristina Cabedo ha defendido que este plan de trabajo es «el de la sensatez» y ha acusado al PP y a Ciudadanos de querer convertir esta comisión de investigación, que es «importantísima para la transparencia» antes de las elecciones, en «un circo», como han hecho en el Senado.

Desde la oposición, tanto el parlamentario popular Rubén Ibáñez como la portavoz de la formación naranja, Mari Carmen Sánchez, han criticado que la comisión arranque con «vetos y con blindajes» , poniendo «obstáculos» a la investigación.

Las reacciones han llegado también desde Esquerra Unida, cuya coordinadora, Rosa Pérez, ve el caso «muy turbio» y ha pedido que se determinen las responsabilidades políticas, recordando que una de las personas que aparecía en los correos, Lluis Miquel Campos, sigue en su cargo de las Cortes.

La primera de las sesiones ya con citaciones -se calcula que podrán celebrarse un total de siete hasta finales de febrero- se celebrará el próximo 10 de diciembre.

El caso de la financiación de PSPV y Bloc se conocía el pasado marzo. El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia había llevado a cabo durante año y medio una investigación sobre la presunta financiación irregular de ambas formaciones. En el auto en el que la juez derivaba la causa a cuatro juzgados (dos de Madrid, uno de Gandia y otro de Benidorm), desglosaba la operativa: «Para lograr el fin conseguido, la mercantil Crespo Gomar facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios mediante la confección de facturas falsas».