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Vivienda

Podemos recurre al derecho de tanteo en Valencia para comprar viviendas con dinero público a fondos de inversión

La Conselleria que dirige la formación morada no cierra la puerta a estudiar nuevas medidas tras las expropiaciones anunciadas por el Gobierno de Baleares

Imagen de archivo del vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau ROBER SOLSONA
Irene Medina

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Evitar los desahucios mediante el derecho de tanteo, con la adquisición de domicilios de fondos de inversión, y ampliar el parque público de vivienda han sido los principales objetivos de Podemos , en su política de vivienda en el gobierno de la Generalitat Valenciana . Sin embargo, la Conselleria dirigida por la formación morada no cierra la puerta a estudiar nuevas medidas para «frenar la especulación».

A través de Rubén Martínez Dalmau , el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Podemos se hizo con esta rama tras las elecciones autonómicas de 2019. Desde su entrada en el Ejecutivo valenciano, el conseller de la formación morada ha hecho uso del derecho de tanteo, aprobado mediante decreto,y de la Ley por la función social de la vivienda para, entre otras, adquirir viviendas de fondos de inversión.

En relación a la resolución de Baleares, por la que el Ejecutivo balear inicia la expropiación durante siete años de 56 viviendas de grandes propietarios inscritas en el registro oficial, fuentes de la Conselleria explican a ABC que la Generalitat «prefiere ampliar el parque público con viviendas en propiedad», aunque no cierra la puerta «a estudiar nuevas medidas que permitan establecer una obligación por parte del propietario a arrendar la vivienda, en caso de ejecución hipotecaria, a la persona que vivía allí previamente».

«Como siempre hemos dicho, implementaremos todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance para frenar la especulación y garantizar que las personas se queden en sus casas», defienden.

En cuanto a la compra de viviendas públicas, señalan que han puesto en marcha mecanismos para ampliar el parque público con herramientas como la adquisición directa, los derechos de tanteo y retracto o el concurso de adquisición . «Gracias a ello, hemos podido adquirir más de 400 viviendas en el último año», sostienen.

A este respecto, la presidenta de la Asociación de Agencias Inmobiliarias de la Comunidad Valenciana (Asicval) , Nora García Donet , muestra su preocupación por que la resolución de Baleares pudiera implementarse en la autonomía valenciana.

«Teniendo en cuenta que son del mismo signo político, es posible que se les ocurra. Podría replicarse esa genial idea aquí», comenta irónica a ABC. «Nos parece una barbaridad, va a generar inseguridad en los pequeños propietarios, que venderán las viviendas en lugar de destinarlas al alquiler», lamenta.

En la misma línea, García Donet recalca que el mercado «se regula de manera natural» y este tipo de intervenciones de la Administración « lo único que genera es miedo » entre los pequeños propietarios, pues sostiene que los grandes tenedores son «una parte mínima del mercado de la vivienda».

«La idea sería beneficiar a los inquilinos, pero les perjudicaría, porque cuantas menos viviendas haya, más caras serán y el acceso a la vivienda será más complicado. Se quedarán fuera los que están en peor situación económica », precisa.

Para evitar esto, García Donet propone que la Administración negocie con los bancos , que «tienen una cantidad importante de vivienda cerrada porque no tienen salida comercial», y pacten alquileres con ellos. «Pero no es tan espectacular», ironiza.

Parque público de vivienda

En los últimos meses, la Conselleria de Vivienda ha empleado el derecho de tanteo y la Ley por la función social de la vivienda para adquirir domicilios. En concreto, utilizó el tanteo para comprar un inmueble de 98 viviendas en un barrio de Algemesí (Valencia), en el que vivían personas vulnerables, al Banco Sabadell.

«No podíamos permitir que las familias que viven actualmente en las viviendas de Algemesí se quedaran en la calle. Estas casas iban a pasar a ser de propiedad de un fondo inversión que no aseguraba la permanencia de las familias en sus casas », defienden fuentes de la Conselleria.

En este contexto, apuntan que el decreto del derecho de tanteo ha permitido a la Generalitat intervenir en la operación y ejercer su derecho preferente de compra . «Ahora, todas esas casas han pasado a formar parte del parque público para siempre», explican.

Asimismo, también se produjo la compra directa de 29 pisos en la Pobla de Vallbona (Valencia) al fondo de inversión Cerberus para evitar el desahucio de 21 familias, que se hizo mediante el procedimiento de urgencia , por la emergencia habitacional de las personas inquilinas.

Posibilidad de expropiación

En el año 2017, las Cortes Valencianas aprobaron con el voto a favor del Consell -formado por el PSPV-PSOE y Compromís - y el apoyo externo de Podemos, que aún no estaba en el gobierno, la Ley por la función social de la vivienda de la Comunidad Valenciana .

Esta norma tiene como objetivo «hacer efectivo el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada, ampliar el parque público y evitar los desahucios de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad».

Para este último fin, el artículo 13 de la ley versa sobre la necesidad de ocupación a efectos de expropiación forzosa del usufructo temporal de viviendas en procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria para la cobertura de necesidad de vivienda de personas en circunstancias de emergencia social.

En concreto, señala que «la expropiación forzosa del usufructo de la vivienda será de aplicación a los procedimientos de desahucio instado por entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, en los cuales resulte adjudicatario del remate una entidad financiera, o sus filiales y las partes no hubieran aplicado el procedimiento previsto para la intermediación o no se hubiera formalizado el contrato de arrendamiento con opción a compra y ello implicara que la vivienda habitual quedara sin ocupantes con título lega l ».

En este caso, se beneficiarían del usufructo temporal, por un plazo máximo de tres años, las personas en circunstancias de exclusión o emergencia social afectadas por procedimientos de ejecución hipotecaria. Estas personas deberán justificar su situación de vulnerabilidad economica y social, y estarán obligadas al pago a la administración de una cantidad que no podrá ser superior al 25 por ciento de los ingresos anuales de la unidad de convivencia.

Asimismo, la norma explica que el procedimiento de expropiación «deberá ajustarse a la legislación de expropiación forzosa y a lo establecido por la legislación sectorial aplicable». Podrá existir el derecho de reversión si cambian las circunstancias de la persona vulnerable antes de los tres años establecidos.

Derecho de tanteo

Además de esta ley, la Generalitat también hace uso del derecho de tanteo y retracto para adquirir viviendas. Se trata de derechos de adquisición preferente, en las mismas condiciones ofertadas de precio o forma de pago, que permiten a Vivienda el tanteo en las transmisiones de viviendas que hubieren sido adquiridas mediante dación en pago de deuda hipotecaria; las adquiridas en un proceso judicial de ejecución hipotecaria o en un procedimiento de venta extrajudicial.

En la misma línea, tiene derecho a tanteo en las transmisiones de edificios residenciales, con un mínimo de cinco viviendas, cuando se transmita un porcentaje igual o superior al ochenta por ciento del eficicio a un único comprador; o las transmisiones de diez o más viviendas a un único comprador .

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