Docentes y familias recaudan fondos para denunciar a la Generalitat por imponer el valenciano

A título individual, varios miles de familias ya han presentado recursos contrata esta nueva norma con el apoyo de la citada plataforma, que ha ofrecido sus servicios jurídicos de forma gratuita para facilitar que acudan a los tribunales.

«En los últimos años, los ciudadanos de la Vega Baja han contemplado como el Gobierno valenciano ha emprendido una campaña para 'normalizar' nuestra cultura y nuestra lengua. Según interpreta el Consell, la mayoritaria condición hispanohablante de la comarca, su cultura y su misma historia impiden a los vecinos de la Vega Baja ser plenamente valencianos », han lamentado desde la plataforma en un comunicado.

Y añade que la razón estriba en que «siempre según la interpretación del Consell, solo es valenciano el que habla en lengua valenciana y asume determinados presupuestos políticos vinculados al pancatalanismo intolerante y supremacista que los dirigentes de la Comunidad han asumido como propios».

En este contexto sitúan «la última y más brutal agresión a los ciudadanos de la Vega Baja, la mal llamada Ley de Plurilingüismo que pretende extirpar el español de nuestro sistema educativo y arrebatar a las familias el derecho a elegir lengua vehicular para sus hijos». Y recrimina a «los responsables de Conselleria porque no han tenido inconveniente en vulnerar la Constitución y el mismo Estatuto de Autonomía con tal de imponer su proyecto catalanizador».

Asimismo, recuerdan que tampoco han servido la movilización sin precedentes de los ciudadanos de la Vega Baja, la celebración de «la mayor manifestación de su historia, ni las que le siguieron». Del mismo modo que el «mayoritario rechazo de los centros a la imposición de unos planes lingüísticos que dinamitan el futuro de los niños de la Vega Baja y los convierte en ciudadanos de tercera. La humillación por parte del Gobierno Valenciano se ha completado con el desprecio a los recursos presentados por miles de padres que no han merecido ni tan siquiera de una respuesta», denuncian.

«Queda claro que Marzà, sin capacidad de justificar legalmente el atropello de las libertades que ha perpetrado, confía en que el alto costo económico de un contencioso, última alternativa a las familias, haga desistir a los padres», interpretan, además de achacar al conseller de una actitud de «villanía» en este asunto.

Ante esta situación, Ampas Vega Baja y las Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística proponen llevar al contencioso un número limitado de casos pero que sean representativos de toda la comunidad educativa de la Vega Baja y de otras zonas de la Comunidad, «en el convencimiento de que la razón que, sin duda, nos darán los tribunales, alcanzará a todas las familias que aspiren a algo, tan aparentemente normal, como elegir la lengua en la que sus hijos estudien».

Par sufragar el, ciertamente elevado coste del procedimiento jurídico, los padres y los profesores de la Vega Baja hacen un llamamiento a todos los vecinos de la Vega Baja, padres o no de hijos afectados por la «acción liberticida» del gobierno valenciano, a asociaciones, a organismos e instituciones para que se unan en una campaña para aportar los fondos necesarios que sufraguen los gastos.

«No se trata solamente de nuestros hijos, se trata de nuestra supervivencia como región, se trata de la defensa de nuestra cultura y de nuestra historia. Para que, de nuevo, vuelvan a poner sobre la mesa que la dignidad de esta tierra no puede ser atropellada ni tratada como una mercancía», subrayan.