La plataforma de 800 afectados de la CAM recurrirá la sentencia al Supremo y en Europa

"Cualquier administrador de un banco o empresa puede estafar" o "engañar" y "no le pasa nada, a lo sumo se irá un año en la cárcel y no tendrá que devolver nada de dinero; es más Roberto López Abad -uno de los exdirectores generales de la extinta CAM, condenado a tres años de cárcel por falsedad contable- se queda con todo su dinero y recibirá su pensión millonaria", según el portavoz de la plataforma, Carlos Pena.

Además de su recurso ante el Supremo, este grupo de afectados abrirán una nueva demanda civil colectiva en la que pedirán "la nulidad de contrato " de los productos tóxicos , basándose "en los delitos de falsedad de cuentas y falsedad en la información a los inversores".

La Audiencia Nacional ha condenado a cuatro integrantes de la excúpula de la CAM a hasta cuatro años de prisión por "distorsionar" los estados contables entre 2010 y su intervención en 2011, "vulnerando" la imagen de la entidad en momentos de grave crisis.

La Plataforma CAM de perjudicados representa a unos 800 clientes que adquirieron participaciones preferentes o cuotas participativas (acciones sin derechos políticos), por un valor conjunto de 14 millones de euros.

Pena ha tildado de " vergonzosa " la sentencia por considerar que "España ha perdido toda la seguridad jurídica con este caso" que, según ha anunciado, denunciarán a " organismos de la Unión Europea ", ya que "nadie entiende que, habiendo varios delitos penales, los acusados no tengan que reparar el daño".

"Los delitos son delito societario continuado de falsedad contable, falsedad en la información a los inversores; si reconocen la falsedad contable que es el artículo 290 del Código Penal, tienen que reconocer a los perjudicados, a quienes perdieron dinero por culpa de la pésima administración de una caja (...)", ha expuesto Pena en un comunicado en alusión a la sentencia.

Ha señalado que están recomendando a los asociados de la plataforma "a desprenderse de todos los bonos y acciones españoles o comprados en España" porque, sostiene, "no hay seguridad jurídica".