Piden dos años y tres meses de cárcel para la alcaldesa de Alpuente por vertidos al Tuéjar

I. R. T.VALENCIA. La alcaldesa de la localidad valenciana de Alpuente, Amparo Rodríguez, del Partido Popular, se enfrenta a dos años y tres meses de cárcel por un presunto delito contra el medio

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I. R. T.

VALENCIA. La alcaldesa de la localidad valenciana de Alpuente, Amparo Rodríguez, del Partido Popular, se enfrenta a dos años y tres meses de cárcel por un presunto delito contra el medio ambiente. El fiscal quiere que durante el tiempo de condena, sea inhabilitada para el ejercicio de cargo público, lo que la obligaría a dejar la vara de mando de un Consistorio que gobierna desde 1999. Será juzgada el próximo lunes. Se sentará en el banquillo de los acusados junto a Isidoro Solera, director gerente de la empresa Egevasa. El fiscal considera que ambos son responsables de los vertidos de aguas residuales que, procedentes de la pedanía Las Eras del Obispo Hernández, llegaban al cauce del barranco «El Reguero» y terminaban contaminando el río Tuéjar en el que desemboca, sin contar para ello con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

«Dichas aguas residuales llegan sin depurar al barranco El Reguero, debido a la falta de una depuradora y al hecho de que las balsas que deberían recoger las aguas y realizar funciones de decantación no funcionan de forma correcta ya que existe una conducción rota y se encuentran llenas de lodos», explica el Ministerio Público en su escrito, en el que recuerda que «el mantenimiento de las citadas balsas corresponde a la empresa Egevasa», de la que es director gerente el otro acusado. Para él solicita una condena de dos años y tres meses de cárcel y dos años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión de gente de empresas relacionadas con la gestión de residuos.

Investigados desde 2005

Los vertidos fueron descubiertos por el Seprona en agosto de 2005, cuando tomaron muestras en tres puntos distintos del cauce del barranco. De los análisis realizados, se desprende, «un severo desequilibrio sobre el ecosistema» de la zona ya que «eliminan las condiciones requeridas para el desarrollo de la flora y la fauna naturales del barranco». Añade, además, que la falta de depuración «fomenta el desarrollo de plagas y vectores de enfermedades propias de estos medios en los que se combina la estanqueidad de las aguas con la presencia de una elevada concentración de materia orgánica en descomposición».

El Ministerio Público quiere que además de pagar una multa de 4.800 euros, los acusados devuelvan el barranco a su estado inicial y adopten la medidas correctoras necesarias para evitar nuevos vertidos.