Piden dos años de cárcel para la alcaldesa de Alpuente por vertidos

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I. R. T.

VALENCIA. Dice que sabía de los vertidos de aguas fecales que desembocaban en el Tuéjar; que no hizo nada para evitarlos porque creyó tener autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar -CHJ- y que la fosa séptica se desbordaba por el mal uso que se limpiaba con poca frecuencia y los vecinos arrojaban cosas. Amparo Rodríguez, alcaldesa de Alpuente desde 1999, se enfrenta a dos años y tres meses de prisión y dos años de inhabilitación por un delito contra el medio ambiente por permitir, según el fiscal, que las aguas residuales procedentes de la pedanía Las Eras del Obispo Hernández vertieran en el cauce del barranco El Reguero, que a su vez desemboca en el río Tuéjar.

Ayer, en el Juzgado de lo Penal número 12 de Valencia, la primera edil se defendió. Contó que era «consciente» de los vertidos; que pensó que estaban autorizados por la CHJ porque el Consistorio pagaba un cánon para ello. Admitió, no obstante, que el organismo de cuenca jamás había respondido a la petición de autorización formulada desde el Ayuntamiento. Rodríguez interpretó el silencio administrativo como un sí.

La primera edil delegó toda responsabilidad en Isidoro Solera, con el que comparte banquillo de los acusados. Es el gerente de la empresa Egevasa, encargada del mantenimiento de las balsas que, a falta de depuradora, debían recoger las aguas residuales y decantarlas. Se enfrenta a la misma pena. El Ministerio Público mantiene que las instalaciones eran deficientes: una conducción estaba rota y las balsas estaban llenas de lodos. El acusado dice que cuando ocurrieron los hechos desempeñaba funciones contables.

«Porquería a borbotones»

El caso tiene su origen en la denuncia interpuesta en 2005 por un vecino. Su casa está junto a una de las fosas. «Salía porquería a borbotones» hasta el punto de que respirar se hacía casi imposible. Malos olores y plagas de mosquitos. Ayer, ante el juez, contó que alertó de lo que ocurría al Ayuntamiento; y que nadie le hizo caso. Fue a la Guardia Civil. Los agentes confirmaron que los vertidos provocaban un «severo desequilibrio en el ecosistema», dañaban la flora y la fauna y favorecían plagas y enfermedades.