Imagen de archivo del conseller Vicent Marzà tomada en las Cortes Valencianas
Imagen de archivo del conseller Vicent Marzà tomada en las Cortes Valencianas - ROBER SOLSONA
Política

Cs pide al Gobierno que paralice el decreto de plurilingüismo por las dudas sobre su legalidad

La Alta Inspección Educativa ya alertó en febrero que la norma valenciana puede ser «discriminatoria e inconstitucional»

VALENCIAActualizado:

La responsable de Educación del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs) en el Congreso de los Diputados, Marta Martín, ha explicado que “Cs ha registrado una iniciativa para reclamar al Gobierno central que paralice el decreto de plurilingüismo valenciano ante las dudas expresadas por la Alta Inspección educativa sobre su legalidad al considerar que puede generar discriminaciones”.

El informe, desvelado este lunes por ABC, señala que el decreto de plurilingüismo aprobado por el Gobierno valenciano el pasado mes de enero que establece el modelo educativo «podría no ajustarse al orden constitucional de competencias entre el Estado y la Comunidad Valenciana y constituir fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación para el alumnado y las familias».

Ciudadanos ha registrado varias preguntas para conocer “por qué el Gobierno, sabiendo que el plazo para interponer un recurso era de dos meses, no actuó pese a tener el informe que señala el riesgo de ilegalidad del decreto”. “El Ministerio no puede continuar siendo un mero espectador y tiene que paralizar inmediatamente el proceso de matriculación de los niños valencianos”, ha considerado la diputada de Ciudadanos, al tiempo que ha lamentado que “el Gobierno tenga este informe que apunta a la inconstitucionalidad desde febrero y siga sin tomar medidas para garantizar la igualdad de los estudiantes”.

“Marzá, con la inacción del Gobierno Central y la complicidad de la Generalitat, ha decidido seguir adelante con la aplicación del decreto, pese a que el Tribunal Superior de Justicia ha decidido suspenderlo cautelarmente porque genera discriminación”, ha añadido. Al respecto, ha señalado que “se está produciendo una doble ilegalidad: la primera, la que afecta al propio contenido de la norma; y la segunda, el incumplimiento del auto judicial de suspensión, poniendo en grave riesgo los derechos del alumnado”, por lo que ha reclamado “más responsabilidad y no utilizar a los menores con fines partidistas”.

La Proposición No de Ley registrada este martes en el Congreso de los Diputados además de solicitar al Gobierno “la anulación definitiva del decreto, pide que se establezca un procedimiento que permita a la Abogacía del Estado proceder a la interposición de un recurso cuando la Inspección Educativa aprecie ilegalidad en alguna medida adoptada por una Autonomía”.