Política
Oltra descarta responsabilidades políticas tras la condena a su exmarido por abusar de una menor tutelada
El PP pide una comisión de investigación de la política de menores del Consell
Condenan a cinco años de cárcel al exmarido de Mónica Oltra por abusos sexuales a una menor
La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra , ha negado este martes que exista una doble vara de medir tras la sentencia que condena a cinco años de cárcel a su exmarido Luis Eduardo R. I. , educador de un centro de acogida de Valencia, por abusar de una menor tutelada respecto a la actuación seguida en el centro de Segorbe y ha negado asimismo que haya responsabilidades políticas porque se trata de la actuación individual.
Oltra ha replicado a la petición del PP de crear una comisión de investigación de la política de menores del Consell tras la condena a este educador, asegurando que ella «siempre» está disponible para dar explicaciones en Les Corts. No obstante, para ello los diputados deben «realizar su trabajo» y presentar preguntas interpelaciones o solicitud de comparecencia.
Al respecto, ha aclarado que la situación del centro de Valencia es «completamente diferente» a la del de Segorbe , donde el centro pactó con el educador acusado también de abusos «despedirlo sin indemnización a cambio de no denunciarlo ni de informar ni a la Fiscalía ni a la Conselleria». Este empleado fue absuelto con posterioridad por un juzgado.
«Esto no tiene nada que ver con el centro de Valencia, que sí que reacciona, pone en marcha el protocolo, abre una investigación y aparta al trabajador mientras tanto, y avisa a la Conselleria, que envía una persona para evaluar la situación», ha concretado Oltra, que ha apuntado que «ante el resultado de esta evaluación se decide que, en principio, no habrá más actuaciones».
Oltra ha señalado que cuando «Fiscalía y los servicios centrales de Conselleria, el órgano directivo, tienen conocimiento de estos hechos se deriva a la niña a la Fundación Espill, especializada en abusos sexuales, y el resultado es el mismo que en las dos intervenciones anteriores» y «luego ya está toda la parte judicial».
Del mismo modo, ha descartado responsabilidades políticas en este caso porque «las responsabilidades políticas se derivan de actuaciones políticas erróneas , no de actuaciones individuales como en este caso». Así, ha apuntado que ha habido «una condena por la actuación de una persona en un centro privado y la responsabilidad es de la persona que en este caso ha sido condenada».
Oltra, que ha señalado que no ha tenido acceso a la sentencia sino solo a lo que de ella se ha publicado , también se ha pronunciado a la petición del PP de que explique por qué la Abogacía de la Generalitat no se ha personado en este caso y sí en otros como Segorbe.
Criterio técnico
En ese sentido, ha señalado que ante una sentencia «se reúnen y lo primero que se escucha es el criterio técnico». A partir de ahí, «se adopta una decisión muy basada en el criterio técnico, como en este caso, en el que la Abogacía entiende que la sentencia se debe recurrir».
Oltra ha comentado cuando en el pasado la Conselleria, dirigida por el PP, recurría las sentencias que le condenaban por no cumplir con la Ley de Dependencia «sí que hubo una decisión política de retirar esos recursos» porque «entendimos que teníamos que cumplir con nuestra obligación». «Pero de normal, y en esta etapa desde luego, sobre todo se basan en criterios técnicos», ha comentado.
Asimismo, ha considerado correcta «en principio» la actuación de la dirección del centro «salvo la cuestión de no haber puesto el hecho inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía de Menores ». A raíz de ahí, ha apuntado que se dictó una instrucción a todos los centros recordando que la legislación establece que estos casos deben comunicarse inmediatamente a Fiscalía con independencia del resultado de las evaluaciones de los profesionales.
Oltra ha confiado en que con esta medida se haya clarificado cómo actuar ante estas situaciones, pero no ha descartado una nueva instrucción si fuera necesario.
Comparecencia en Les Corts
Asimismo, ha insistido en que «siempre» está disponible para comparecer en Les Corts y «dar todas las explicaciones» que hagan faltan, como «es la obligación de cualquier cargo público». No obstante, ha señalado que «hace meses» que ni la diputada del PP Elena Bastidas, que ha anunciado la iniciativa, ni el partido «han hecho ni una pregunta, ni una interpelación, ni han solicitado una comparecencia ».
Al respecto, ha aclarado que cuando compareció a petición propia en 2017 fue para explicar el nuevo modelo residencial no el caso de Segorbe, pero que la oposición aprovechó su intervención «y sacó el tema y yo obviamente contesté como hago siempre».
Oltra ha destacado que se está mejorando todo el sistema de protección a la infancia. Así, hay 600 personas educadoras más trabajando en el sistema, se ha reducido el tamaño de las residencias y se ha puesto en marcha un sistema de pisos frente «al antiguo modelo de residencias mastodónticas».
Por tanto, se está haciendo un sistema «mucho más amable cada día con el aumento de centros y de familias acogedoras porque lo ideal es que un niño viva en una familia y no en una residencia».
«Sorpresa monumental» en el PP
El PP en Les Corts ha registrado este martes la petición de una comisión de investigación para «evaluar y controlar» la política de menores del Gobierno valenciano, tras la última sentencia que condena a cinco años de cárcel a un educador de un centro de acogida de Valencia por abusar de una menor tutelada.
Bastidas, preguntada por si cree que Oltra tiene una responsabilidad especial en este caso dado que el condenado es su exmarido o por si debe dar explicaciones de por qué no se han tomado medidas tan contundentes, ha avanzado que están «evaluando» una serie de datos sobre este proceso y que los harán públicos cuando los tengan.
La diputada del PP ha mostrado la «sorpresa monumental» y el «shock» de su partido porque «han pasado 24 horas y no se ha producido ninguna declaración del máximo responsable del Consell», Ximo Puig, al que le ha exigido que dé explicaciones antes de su viaje institucional a Londres y no salga «huyendo como siempre que hay una crisis» .
La política de menores es «el gran talón de Aquiles» del Gobierno valenciano para el PPCV, ante «la sucesión de casos como los de Segorbe, Alicante, Llíria (Valencia), Monteolivete (Valencia), Nules (Castellón)».
«Es un desastre, más cuando afecta a un sector de la población especialmente vulnerable y sensible, que requiere una especial atención de sus gobernantes», ha recalcado la popular, recordando las 46 iniciativas presentadas por su partido en esta línea desde 2015.
Por todo ello, el PP quiere que la comisión de menores sirva para esclarecer «el conjunto de la política de menores, no solo esta sentencia», una cuestión «muy grave y preocupante que ha sacudido la opinión pública valenciana», con el objetivo de que «no vuelva a pasar en el futuro».
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