Ocho de los once acusados por prostitución en Alicante aceptan penas de hasta 80 años de cárcel

Este es el caso del socio y subordinado directo del presunto cabecilla, que se enfrentaba inicialmente a 518 años y nueve meses de prisión y 2,65 millones de multa que reclamaba la fiscal por los 137 delitos de prostitución -a otras tantas mujeres procedentes del este de Europa, Sudamérica y norte de África-, además de uno de blanqueo de capitales -que también achaca a este procesado- y otro de tenencia ilícita de armas.

En cambio, no ha reconocido lo sucedido el jefe de la banda, para quien el ministerio público mantiene los 555 años de prisión y 3,1 millones de euros de multa solicitados por los tres supuestos ilícitos. A preguntas de la fiscal ha asegurado que «nunca jamás en la vida he hecho uso de ninguna autorización a cuenta de ninguna sociedad» que supuestamente administraba para ocultar a través de ellas la procedencia de beneficios generados por la prostitución.

Y ha negado conocer lo que ocurría en el interior de las habitaciones de los locales que formaban parte del negocio, y que ha enmarcado en todo caso dentro de la «libertad sexual» de las mujeres que se hospedaban en esos hostales o pensiones , según ha indicado.

Tampoco han admitido los hechos los hijos del cabecilla , para los que el ministerio público reclama 411 años de cárcel y 2,2 millones de euros por el delito de prostitución y 5 años de prisión y 900.000 euros de multa (al hijo) y 980.000 euros (a la hija) por el de blanqueo.