El TSJ da dos meses a la consellera de Justicia para facilitar la información pedida por el PP

El TSJ reconocía la vulneración del derecho fundamental a la información y condenaba en costas a la Generalitat. Los populares habían solicitado en octubre del año pasado un informe del traspaso del anterior Gobierno a la Conselleria de Justicia en el que se encontraban 3.200 ordenadores que el nuevo Ejecutivo había criticado por no estar en funcionamiento cuando en este momento se encuentran en uso.

El PP también pidió la auditoría interna en Justicia, que supuestamente se encargó al asumir Gabriela Bravo las competencias y que no les fue facilitada.

En el caso del informe, éste fue entregado al PP tras interponerse el recurso contencioso-administrativo, mientras que respecto a la auditoría, la Conselleria se opuso y alegó que no existía como tal puesto que se trataba de «una iniciativa del Consell en relación no solo al ámbito de este departamento, sino de toda la Generalitat».

Sin embargo, el ministerio fiscal consideraba que la respuesta de la Conselleria implicaba una obstrucción al ejercicio de las funciones de un cargo público y que se estaba incurriendo en una infracción del artículo 23 de la Constitución Española, por lo que reclamaba que se estimase la demanda del PP.

El TSJCV así lo hizo y en la sentencia reconocía la vulneración del derecho fundamental a la información . Sobre el informe concluyó que se había producido la pérdida sobrevenida del objeto puesto que ya se había entregado la documentación requerida.

En cuanto a la auditoría, todavía pendiente, indicaba que, no negada la existencia de la misma, «carece de trascendencia, a los efectos de facilitar la información requerida, el hecho de que la realización de ésta fuera consecuencia de una iniciativa de la conselleria o del Consell».

Desde la Conselleria de Justicia aseguraron que estudiarían la posibilidad de recurrir la sentencia, algo que finalmente no ha ocurrido. Gabriela Bravo manifestó que, «desde el respeto que merecen todas las resoluciones judiciales», no compartía el fallo de la misma dado que es de imposible ejecución. Dicho documento, apuntó, «no se elaboró jamás» , por lo que «la Conselleria no puede entregarle a una diputada un documento que, sencillamente, no existe».

En su primera comparecencia ante el pleno de las Cortes el 17 de septiembre de 2015, Bravo afirmó: « Y he ordenado la auditoría, claro que la he ordenado . Fue la primera decisión que adopté cuando llegué a la Conselleria».