«Mataron a mi marido y me amenazaron»: el Gobierno niega el asilo a la viuda de un policía colombiano

Su relato estremece: «Ya mataron a mi marido , tres meses después de su denuncia... ¿Qué más? Aparte de eso, a mi hijo también intentaron matarlo estando en la Universidad estudiando Derecho, cuando tenía 16 años, después de drogarlo, y me tuve que venir y dejar tirado todo allí». También su hija ha vivido «cosas que no debería vivir ninguna niña», como cuando con seis años vio a unos encapuchados en su casa.

No en vano, la Fiscalía colombiana dictó una orden de protección para esta familia, que ellos nunca vieron cumplida. Cuando todavía vivía su esposo, ya se habían mudado varias veces de casa huyendo del acoso. «Era una persona recta y empezó a recibir amenazas», por las implicaciones de la «mafia» en la que -según sus investigaciones- estaban implicados altos mandos del Ejército y la Policía , por contratos públicos con mucho dinero en juego.

Los episodios violentos se suceden en la memoria de esta mujer, que ahora tiene a su lado a su hermano Martín , también emigrado de Colombia más recientemente, al saberse espiado con su teléfono pinchado y otros indicios, en la búsqueda de información y datos en ordenadores por parte de los corruptos que liquidaron a su cuñado, además de las amenazas. «Yo no necesitaba irme de mi país, era gerente de una empresa multinacional con un sueldo de 6.000 euros, pero he renunciado a todo por seguridad», relata.

No obstante, a pesar de que Diana ha presentado la documentación que prueba este clima hostil contra su familia, incluido el informe del Instituto de Medicina Legal en el que se confirma la « muerte violenta » de su marido, Mario Andrés Bonilla, su petición de asilo en España no ha prosperado.

«El espíritu y la finalidad de la institución del asilo ofrece protección a personas que tienen un temor fundado de persecución por los motivos contemplados en la normativa sobre protección internacional, la raza , religión , nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social determinado, siempre que concurra una desprotección por parte de las autoridades del país. Sin embargo, las cuestiones referidas por la persona interesada resultan ajenas al ámbito del asilo». Este es el fundamento que dan las autoridades españolas para denegarle su estatuto de refugiada.

Argumentan también que de su relato no se deduce la posibilidad de que sufra la condena a pena de muerte o «el riesgo de ejecución material». Además, señalan que «la situación de violencia que existe en algunas zonas de Colombia no se extiende a la totalidad del territorio , ni afecta a toda la población».

Paradójicamente, este país encabeza la lista de refugiados acogidos en España.

«No he pedido ayudas, he venido a contribuir, pago mi declaración de la renta y mis impuestos , me dedico a trabajar como autónomo en una compañía se seguros», explica esta viuda que tiene su vida encauzada en Alicante, tras haber vivido una temporada en Torrevieja , al llegar a España. Su hijo está en la Universidad siguiendo sus estudios de Derecho y trabaja para una ONG , mientras que su hija está escolarizada e integrada en la ciudad, con sus compañeros y amigos que ha conocido en estos dos años y medio alejada del clima de tensión en Colombia.

«En una ocasión, nos persiguieron dos motoristas sin placa , a ambos lados de nuestra camioneta», recuerda Diana, entre otras experiencias traumáticas, antes y después del fatal desenlace de su marido. De hecho, este policía reconocido por su valía ya sufrió un primer ataque, cuando lo tiraron a un río peligroso y pudo salvar su vida con ayuda de otro agente que lo auxilió tras conseguir salir del agua in extremis.

Tras su muerte en el segundo intento, Diana clamó porque se hiciera justicia y se abrió una investigación. «Pero me dijeron que era mejor que dejara eso y que me estaba metiendo con un coronel influyente», asegura.

Ahora, solo le queda presentar un recurso de reposición ante la denegación de asilo y refugio en España, aunque la Policía Nacional ya le ha advertido de que no suelen salir adelante. Un contencioso resultaría más caro y la otra posibilidad, adquirir una vivienda para quedarse, está fuera de su alcance, porque se exige que la inversión sea de medio millón de euros como mínimo.

«Estoy recurriendo por tema de derechos humanos y queríamos ir a Washington para denunciar la corrupción en Colombia», añade Diana, que también ha explorado la vía de un acuerdo para situaciones de peligro de refugiados, del Tribunal de La Haya, pero se considera que Colombia no es un país peligroso.