Fachada del Ayuntamiento de Alfaz del Pi
Fachada del Ayuntamiento de Alfaz del Pi - JUAN CARLOS SOLER
Urbanismo

El marido de Elena Valenciano declara el lunes por un posible perjuicio de 3,9 millones al Ayuntamiento de Alfaz

El informe de la Guardia Civil apunta a que las permutas beneficiaron solo al promotor y perjudicaron a las arcas municipales

ALICANTEActualizado:

El informe de la Guardia Civil sobre posibles irregularidades urbanísticas en el que se sustenta la investigación al marido de Elena Valenciano y varios técnicos municipales más, además del alcalde y diputado autonómico socialista Vicente Arques apunta un posible perjuicio de 3,9 millones de euros al patrimonio del Ayuntamiento de Alfaz del Pi. Este lunes, 22 de octubre, declaran tres de los investigados (antes imputados) ante el juez del caso.

En su relato de lo sucedido, la policía judicial apunta a que las arcas municipales no obtuvieron ningún beneficio mientras que la promotora de unas Viviendas de Protección Oficial sí que fue favorecida por las sucesivas compensaciones a base de permutas que se le otorgaron.

Y como supuestos responsables de esta prevaricación administrativa deberán responder el lunes Udaeta, como arquitecto municipal que avaló estas operaciones, así como el secretario municipal José Rafael Frías y Francisco Germán Giner, jefe del área de Urbanismo.

Las licencias y modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que hicieron posible este trato ventajoso a la promotora -según la Guardia Civil- parten de 1999 y se suceden durante varios años desde el proyecto originalmente de construcción de un hotel antes de cambiarse por viviendas.

Los aprovechamientos en edificación para la empresa están valorados en un millón de euros y 17.500 metros en suelo.

Abogado gratis

En el informe también consta que el marido de Elena Valenciano no quiso declarar ante la Guardia Civil -prefirió hacerlo en sede judicial acogiéndose a su derecho a guardar silencio- y también que solicitó ser asistido por un abogado del turno de oficio, aunque esta opción se desestimó.

Finalmente, es el propio Ayuntamiento quien le paga su defensa jurídica, una decisión del equipo de gobierno socialista adoptada en septiembre de este año que también da cobertura jurídica a los otros funcionarios municipales investigados, por un coste de 10.890 euros.

El alcalde también tendrá que declarar como posible responsable en este caso, aunque su condición de aforado por ser diputado de las Cortes Valencianas retrasa por ahora esta comparecencia.