El marido de Elena Valenciano, citado a declarar como investigado por prevaricación en el urbanismo en Alfaz

En calidad de técnico municipal, Udaeta se negó a contestar a las preguntas de la acusación particular -alegando que la denunciante, la concejal y portavoz del PP alfacino le acosa- y solo respondió a las de su abogado y al juez, asegurando que todo estaba en orden y disponía de la documentación para demostrarlo. No obstante, la Guardia Civil ha realizado varios registros en dependencias municipales durante la investigación en busca de esos papeles.

Existe, además, un informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje que cuestiona la justificación del Ayuntamiento para construir un centenar de metros cuadrados para un acceso-tienda al museo en unos terrenos donde no se puede edificar nada. Asimismo, se hace constar que en 2014 se habían autorizado unas «proyecto de seguimiento arqueológico de obras» desde la Conselleria de Cultura que no se correspondían con los trabajos que luego se realizaron. Se modificó y no se consultó a la Administración autonómica, según este informe.

Recientemente, ha sido desestimada por el juez la solicitud de archivo de otra causa por parte de otra funcionaria municipal en el momento en que se produjeron más posibles irregularidades, Lourdes Caselles, actualmente concejal de Urbanismo en Benidorm. En este caso, se trata de la licencia para acampar en terrenos donde se permitía, conocido como «campers»

La denuncia inicial ha suscitado una amplia investigación de la Guardia Civil que ya dura dos años a raíz de una denuncia de la portavoz del PP en ayuntamiento alfacino, Maite Huerta.

«Por mucho que el alcalde y dirigente de los socialistas en las Cortes Valencianas en áreas como la de Turismo, Vicente Arques , intente dilatarlo en el tiempo, tendrá que sentarse a declarar en sede judicial para rendir cuentas por este escándalo», ha manifestado Huerta.

Este otro proyecto urbanístico de los «campers» también está bajo la lupa del juzgado por la concesión de «licencias provisionales para la instalación de «campers» y campings en zonas no permitidas, rústicas e incluso de interés agropecuario», con lo que algunos empresarios pudieron explotar construir «costosas infraestructuras en zonas protegidas», según la denunciante.