Pla luce colmillo interpuesto

El informe europeo de condena a la LRAU introduce un elemento de presión sobre el pacto del urbanismo. Consell y PP tienden la mano, el PSPV imposta su «línea dura» de oposición y EU trata de convertir el «no pacto» de Pla en un puente hacia 2007

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TEXTO: M. GASPARET FOTO: MIKEL PONCE

VALENCIA. El pacto del urbanismo se revela como piedra de toque y cuestión nuclear del último tramo de la legislatura. También del marco de relaciones mediatas entre partidos y de la pátina más o menos institucional, aguerrida o adánica que las direcciones políticas pretenden dar a sus carteles electorales. Confluyen en un acuerdo plausible, y tan importante o más que el que ocupó el pacto del Estatuto, varios ámbitos interrelacionados: el interés general -inclusive las necesidades financieras de los ayuntamientos-, las expectativas aritméticas de la oposición, el rumbo y acometividad de los últimos argonautas de Blanquerías ante Ferraz y las encuestas, y un calendario precipitado hacia 2007. Que la Comisión Europea haya emitido un informe en el que denuncia que la normativa actual (LRAU) ha propiciado «abusos urbanísticos» y «corruptelas» apenas supone un grado de presión sobre la posibilidad de acuerdo. Revitaliza el debate y su crónica.

Cartas de salida

En la relación y orden de intervenciones y valoraciones sobre el informe de marras, Consell, PP, PSPV y EU desvelan sus cartas de salida. La Conselleria de Territorio destaca el hecho de que el Parlamento Europeo celebre, según reza la propuesta de resolución de la eurodiputada Janelly Fortou, «la decisión del Gobierno valenciano de definir y promulgar una nueva ley», una propuesta de resolución más bien diplomática, pero que no vela el hecho de que los últimos ocho años ha sido el PP el responsable del desarrollo de esa LRAU que los tecnócratas de Bruselas cuestionan «tanto en cuanto al fondo como a su aplicación».

Ahora es claro que entre la aprobación por procedimiento de urgencia del anteproyecto de la nueva norma (la LUV), los emplazamientos de Camps al pacto en el debate de política general y la concatenación de prórrogas sobrevenidas a la tramitación de la LUV se hallaba la inminencia del informe europeo, sin que ello reste mérito y trascendencia políticos a la mano tendida del Gobierno. Más aún cuando la LRAU fue aprobada en 1994 con los solos votos del PSOE. Para el Gobierno valenciano, para Camps en particular, un gran acuerdo urbanístico sería la cuadratura del círculo.

La negativa del PSPV ante la oferta de diálogo se revela especialmente condicionada por el encofrado inmediato del primer partido de la oposición. Joan Ignasi Pla acusó en el debate de política general las hieles de un acuerdo estatutario que mejoró sin duda la proyección del presidente Camps, lo cual reforzaba la opinión de quienes, incluso en Blanquerías, venían advirtiendo de las consecuencias negativas de los pactos con el PP (Estatuto y residuos, fundamentalmente).

La línea dura

Las tesis de la «línea dura» (Perelló, Escudero, Signes, Mazón...) sumaban enteros en un debate en el que las propias contradicciones en materia urbanística -Elda (¡Azorín!), Cabanes, El Puig, Torreblanca... y así hasta 58- han desplazado la carga de la prueba, de tal suerte que se da por bueno que sea el propio PSPV el que ha de justificar una doctrina inasumida por sus alcaldes. El paradigma de esta inversión lógica lo sugería ayer el conseller del ramo, Rafael Blasco, exigiendo al PSPV, como condición para paralizar las construcciones en la costa, la retirada de los planes de actuación y campos de golf proyectados en el marco legislativo que él mismo ha procurado.

Así las cosas, Blanquerías, el propio Ignasi Pla, ha optado por una oposición a quemarropa y pelín tremendista. De ahí a la opereta de las tarjetas visa y a las puertas de Ciegsa, o las soflasmas cibernéticas de la «ofensiva por la transparencia», un modo de iniciar una guerra sucia en Internet. Para ello, el secretario general socialista ha echado mano de quien se revela como el mejor de sus artilleros (Perelló) en aras de una pretendida acometividad y efectismo. Se trata de sacar colmillo por persona interpuesta para revertir las mieles de los recientes pactos y acallar momentáneamente las aspiraciones urbanísticas de los alcaldes propios, sin perder el brillo institucional de las fotos del Estatuto. Es claro que el PSPV, en tanto que alternativa de Gobierno, se ve impelido a pactar el ladrillo, a vincularse de forma responsable con los requerimientos de Bruselas, pero Pla no quiere que se note.

Dimisión por diferido

El PSPV elude su responsabilidad en esta cuestión reclamando la dimisión de Blasco por diferido (Signes, pero no Pla), apelando a su proposición de reforma de la LRAU de 2003 (Such) y postergando el entendimiento que en toda lógica habrá de llegar a la negociación de las enmiendas en comisión. Es decir, la oposición apriorística de Pla a sentarse a pactar con Serafín Castellano, así como su carta de condiciones ampliables, responde más a una cuestión de imagen que a otra cosa.

EU, por su parte, participa del guión y trata de convertir la impostación del PSPV en un puente hacia 2007. Joan Ribó celebró ayer la negativa socialista al pacto del urbanismo como una muestra indeleble de proximidad entre su formación y el PSPV. Más aún, el síndico de EU emplazó al primer partido de la oposición a trasladar este «acercamiento» al pacto del Estatuto, a fin de reducir en el Congreso el listón electoral del 5% al 3%. «Es imprescindible que el PSPV tenga en cuenta que en Madrid hay otras mayorías».