Política
La ley que expropiará viviendas vacías sale adelante pese a la advertencia de inconstitucionalidad
Las Cortes aprueban la primera norma impulsada por el Gobierno valenciano esta legislatura
La primera ley que el Gobierno valenciano saca por iniciativa propia durante la actual legislatura (la de función social de la vivienda ) ha sido aprobada este miércoles en las Cortes con el apoyo del PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos, y el voto en contra del PP.
La norma incluye la expropiación forzosa del usufructo de la vivienda por parte del Consell en caso de que se produzca un desahucio. Afecta especialmente a los bancos, aunque también a fondos buitre o grandes tenedores.
La titular de Vivienda, María José Salvador, ha recordado que esta competencia la han regulado otras autonomías, donde el Gobierno central lo ha recurrido al Tribunal Constitucional . De hecho, ha pedido al Ejecutivo que no lo repita con la Comunidad Valenciana. Una posibilidad advertida por el PP y esperada por el Consell, concretamente en lo que corresponde a los artículos 12 y 13 de la norma.
El Consell Jurídic Consultiu ya emitió en su momento un informe en el que veía inconstitucional estos puntos que afectan al sentido de la propiedad, adviertiendo de que no se puede forzar al banco a alquilar un piso a una persona desahuciada aunque el impago se produzca por circunstancias de emergencia social.
Pese a ello, la norma ha salido adelante entre felicitaciones de los miembros del Consell presentes en las Cortes y los aplausos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Pobreza energética
Esta ley pretende que las entidades financieras pongan sus viviendas vacías a disposición de las personas, en régimen de alquiler social, y dar cobertura a los particulares para que incluyan sus casas en la red de alquiler autonómica, con medidas como una fianza y ayudas a la reforma y rehabilitación.
Contempla, igualmente, iniciativas para prevenir y paliar la pobreza energética, estableciendo que las administraciones públicas garantizarán el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, gas y electricidad a las personas en riesgo de exclusión residencial mientras dure esa situación.
Los partidos de la oposición han defendido durante el debate que resulta «primordial y fundamental» contar con una ley que responda a las necesidades habitacionales de las familias, pero han criticado esta norma impulsada por el Consell.
María José García, de Ciudadanos, ha asegurado que «nace herida de muerte» porque legisla materias sobre las que no puede hacerlo, «es inconcreta y vulnera el principio de seguridad jurídica».
Por su parte, la diputada del PP Elisa Díaz, ha usado un cartel con un dibujo de «Frankenstein» para argumentar que la ley es un «monstruo compuesto de retales y distintas piezas, muy grande y muy torpe», que cuando se levante y empiece a andar «se desmontará y se verá que es incapaz de llegar a ningún sitio».
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