La «ley Celaá» imita el modelo educativo nacionalista de la Comunidad Valenciana

El trámite parlamentario de la conocida como «ley Celaá» ya anticipa «un endurecimiento de unas posiciones que van en contra del derecho constitucional de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos», según advierte Vicente Morro , portavoz de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y de la Mesa por la Educación en Libertad.

La enmiendas a la Lomloe presentadas por formaciones como el PSOE y Unidas Podemos -avanzadas este lunes por ABC- calcan el espíritu del modelo de edudación que ha tratado de imponer en la Comunidad Valenciana el consejero del ramo, Vicent Marzà , dirigente de Compromís y partidarios de los postulados independentistas.

«El principal proyecto de Marzà -recuerda Vicente Morro- era eliminar la educación concertada y es el que más sentencias en contra ha tenido». En concreto, más de treinta resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que tumbaron tanto los aspectos claves del decreto de conciertos como la eliminación de aulas, especialmente las de Bachiller. Ante el aluvión de reveses judiciales, la Generalitat se vio obligada a mantener cautelarmente los conciertos, aunque no ha desistido de litigar y el futuro del modelo educativo valenciano está a día de hoy en manos de los recursos de casación presentados ante el Tribunal Supremo.

Según Morró, «lamentablemente, encontramos una claro paralelismo entre el modelo de Marzà y el que plantea ahora Celaá, reforzado con las enmiendas del PSOE y Unidas Podemos para la creación de más plazas públicas». Una estrategia que, según denuncia el portavoz de la Mesa de la Educación en Libertad, pretende dotar a la Administración de un argumento para dirigir la distribución del alumnado sin contar con la opinión de las familias».

Al respecto, la «ley Celaá» amenaza con poner fin a la libertad de elección de centro y acaba con el valor normativo de la demanda social, conforme hizo el Ejecutivo valenciano.

La Mesa de la Educación en Libertad denuncia que esta decisión «obligará a las familias a ajustarse a la oferta que exista en cada momento», lo que choca con un derecho consagrado en la Constitución, toda vez que «si la educación no se sostiene con fondos públicos no hay libertad de elección para los padres».

La nueva ley promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez recicla también las medidas puestas en marcha por Compromís en la Comunidad Valenciana relativas a la discriminación del castellano, que también se toparon con condenas judiciales.

El consejero Marzà, de hecho, aprobó un modelo de plurilingüismo que primaba a los alumnos de la línea en valenciano con mayor formación en inglés. Una suerte de chantaje que se estrelló contra nueve resoluciones judiciales contrarias, según recuerda Morro. La Generalitat recogió con posterioridad el espíritu del controvertido decreto en una ley de Plurilingüismo que «sigue primando al valenciano, incluso como lengua de uso común en los colegios y en las comunicaciones a los padres y, con ello, la libertad de eleccción de las familias».