Un juzgado investiga presuntas irregularidades en contratos de la Diputación para Fitur en época de Ripoll

La investigación surge a raíz de un escrito de Anticorrupción ante el juzgado, que partía a su vez de la denuncia que llevó en su día a Fiscalía el grupo Compromís en la Diputación, en la que se aludía a un presunto fraccionamiento de los contratos para la adjudicación de los estands del Patronato de Turismo de la Costa Blanca para Fitur, entre 2004 y 2009, en los que consideraba que se había ejecutado un "fraude masivo" al trocear un montante de 3,2 millones de euros en 70 facturas, muchas de las cuales no superan los 12.000 euros.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez abrió en octubre diligencias de investigación por presuntos delitos contra la aministración pública en las que cita como investigados a los administradores de las empresas Exporiggin S. L y Equipamiento integral para stands Molinos S.L., así como al director del Patronato de Turismo Costa Blanca entre 2007 y 2008, "previa averiguación de la identidad concreta de este último".

En esas fechas la exalcaldesa de Dénia, la 'popular' Ana Kringe, ocupaba el cargo de gerente de la entidad. En una providencia anterior, el juez requería a Fiscalía, visto el contenido y la fecha de los hechos a los que se refería y la posible extinción de responsabilidades penales por prescripción, a que precisara el objeto de la denuncia en cuenta a actividades e individualización de las personas implicadas.

Los exdirectores económicos del Patronato de Turismo Costa Blanca Ana Kringe y Miguel Juan Baldó y dos empresarios comparecerán ante un juez como investigados por un delito contra la Administración por supuestas irregularidades en estos contratos.

Así consta en un comunicado de prensa remitido este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), tras conocerse que el juzgado de Instrucción 7 de Alicante ha abierto diligencias por estos hechos a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

La causa se abrió el pasado septiembre, siete meses después de que el grupo de Compromís en la Diputación de Alicante denunciara los hechos ante la Fiscalía.

El magistrado José Luis de la Fuente ha practicado diversas diligencias y ha citado ahora a declarar como investigados (término que sustituye al de imputado tras una reforma legal) a Baldó, Kringe (que fue también alcaldesa de Dénia por el PP) y a los administradores de las empresas adjudicatarias.

Las mercantiles que se hicieron con estos contratos son Equipamiento Integral para Stands Molinos SL y Exporiggin SL, regentadas por el matrimonio compuesto por Javier Molinos y Mercedes Lasa, ambos investigados en esta causa.

Hace un año, en su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, Compromís presentó setenta facturas y cifró este presunto fraude en 3,2 millones.

Los denunciantes sostienen que hubo fraccionamiento ilegal de contratos, "manipulación" de concursos públicos abiertos y "sobrecostes" no justificados.

Las dos empresas adjudicatarias están administradas por un matrimonio del País Vasco que ha sido encausado en otro procedimiento penal por la contratación de los expositores municipales de Orihuela para Fitur, junto a la expresidenta comarcal del PP en la Vega Baja Pepa Ferrando .

El vicepresidente y diputado de Promoción Turística de la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, ha expresado este lunes su "máximo respeto" a esta investigación judicial y ha ofrecido su colaboración "para que este asunto se aclare lo antes posible".

Así lo ha indicado en un comunicado en el que también ha recalcado que "tuvieron lugar en otra legislatura, ya que se hace referencia a adjudicaciones realizadas hace más de diez años".

En esta línea, ha apuntado que la denuncia de estos hechos "surge de la Comisión de Investigación impulsada por la Diputación de Alicante en la que este equipo de gobierno ha actuado con total transparencia, facilitando en todo momento a la oposición todos y cada uno de los documentos que se no han solicitado".

El actual vicepresidente del Patronato Costa Blanca ha resaltado que los hechos presuntamente irregulares que han sido denunciados "tuvieron lugar en otra legislatura, ya que se hace referencia a adjudicaciones realizadas hace más de diez años ".