Un juzgado cita a declarar a la directora de À Punt en un caso de prevaricación

El diputado del PP en les Corts Valencianes Jorge Bellver presentó una querella por estas presuntas irregularidades, que ahora la juez Isabel María Flor ha admitido a trámite y ha trasladado las actuaciones con el fin de que emita informe sobre la declaración de causa compleja.

Marco y Soriano declararán el día 20 de junio y están citados a las 10.00 horas, según el auto al que ha tenido acceso ABC, en el que la magistrada explica que admite la querella «pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de delito de prevaricación» y da un plazo de 15 días al ente autonómico para remitir los expedientes de varios contratos.

En concreto, le solicita el contrato de fecha 28 de junio de 2017 con la empresa Mediterráneo Media Enterteinment para la producción de la serie "La Tramuntana".

Igualmente, le requiere los expedientes de los contratos menores suscritos en 2017 y 2018.

El juzgado también ha reclamado a la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación y a la Sociedad Anónima de medios de Comunicación de la Comunitat Valenciana los relativos a la contratación de varios profesionles.

Según explicó el diputado del PP Jorge Bellver cuando la querella fue admitida a trámite, su denuncia iba enfocada, entre otros contratos, a la adjudicación a una empresa de un exconcejal socialista del Ayuntamiento de Benifaió, por un montante de 1,3 millones y que se presentó como contrato menor, con lo que no requiere aval. Asimismo, cuestiona en la denuncia cómo se le pudo anticipar casi medio millón de euros sin que quede constancia de ningún trabajo realizado posteriormente.

Además, se refiere a contratos menores de servicios, entre ellos, contratar a personal por un importe de 5.995 euros , "a sabiendas" de que a partir de 6.000 euros se requiere pedir tres ofertas, según Bellver.

«Debe iniciarse una investigación penal tendente a analizar las actuaciones arbitrarias por parte de la CVMC y la SAMC ante la posible existencia de delito dada la existencia de adjudicaciones de contratos millonarios a empresas que no acreditan su solvencia económica (ni tampoco su solvencia técnica) a las que se adelantan pagos por servicios todavía no prestados», argumenta el querellante, sobre la producción de la citada serie.

Y añade, en cuanto al personal externo, que se han realizado «adjudicaciones de contratos menores que no son más que un intento de dar apariencia legal a salarios destinados a personal todavía no contratado , y contratación de personal directivo obviando el procedimiento legalmente previsto».