La juez rechaza la petición de Zaplana para que Villarejo y el 'yonki del dinero' declaren en el caso Erial

Su defensa había pedido la declaración de ambos tras hacer referencia en sede parlamentaria, el primero, y en sede judicial, el segundo, a un supuesto montaje contra el exministro . La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, ya había mostrado su oposición.

El pasado mes de octubre, Villarejo señaló en el Congreso, durante una comisión de investigación, que «había un interés en destruir al señor Zaplana y se utilizó a un confidente del CNI sirio para ver las fórmulas». Una expresión que la juez califica como «simples manifestaciones» , tras una pregunta del diputado valenciano del PP Luis Santamaría, «sin base objetiva alguna» y sin aportar pruebas.

Del mismo modo, la magistrada desestima la declaración de Marcos Benavent, que en las mismas fechas cambió de estrategia para dejar de colaborar con los investigadores del caso Taula y se desdijo de todo lo que había defendido durante siete años para asegurar que Zaplana había sido víctima de un montaje.

La juez recuerda que esas declaraciones del 'yonki' se produjeron en el marco de otra causa, en la que declaró como investigado, y añade que los indicios contra el expresidente autonómico no se basan en las primeras explicaciones del exgerente de Imelsa.

La Guardia Civil encontró en el despacho del anterior abogado de Benavent, los conocidos como 'los papeles del sirio' , un documento que se considera la hoja de ruta que se siguió para el presunto cobro de comisiones en la licitación de parques eólicos y las ITV en 1997. La supuesta trama corrupta, con Zaplana al frente, habría cometido delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Al parecer, esos documentos los encontró un conocido de Benavent que habitó una antigua vivienda del exjefe del Consell.

El ministro de Aznar fue detenido en mayo de 2018 y estuvo ocho meses en prisión preventiva. Aunque en el momento de la privatización de estos servicios ya no era presidente de la Generalitat, se baraja que lo dejó todo hilado para las empresas finalmente adjudicatarias: sociedades ligadas al grupo Sedesa, perteneciente a la familia del exdirigente del PP Juan Cotino.

Más tarde, esas firman vendieron sus participaciones por cantidades millonarias -casi 87 millones, según Anticorrupción-, tras lo que pagaron cerca de 8,5 millones a dos empresas controladas por supuestos testaferros de Zaplana en Luxemburgo.