El juez procesa a un alto cargo de Compromís por las ayudas públicas a empresas vinculadas al hermano de Ximo Puig

El juez Miguel Ángel Casañ, en su resolución, afirma que continúa la tramitación de la causa para comprobar si el investigado pudo cometer el delito de falsedad en documento público oficial al afirmar en un escrito que se habían realizado las actuaciones de control efectivas en las subvenciones a las mercantiles Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions, cuando realmente éstas se llevaron a cabo con posterioridad.

Trenzano fue llamado a declarar el año pasado tras una querella interpuesta por la diputada del PP Eva Ortiz al considerar que éste había «mentido» al decir que se habían fiscalizado ayudas otorgadas a ambas empresas que, según expuso, «han recibido más de 400.000 euros en subvenciones desde el 2015 para ayudas al fomento del valenciano sin ningún tipo de control».

La comparecencia del director general de Política Lingüística se produjo en julio del año pasado después de varias idas y venidas sobre las competencias acerca de los hechos. En un primer momento, el juez decidió sobreseer el procedimiento al entender que el tratamiento era la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, el PP presentó un recurso de apelación y la Audiencia Provincial revocó el archivo y ordenó la continuación de la causa.

Un pronunciamiento en el que especificaba que ésta era de naturaleza penal y que se podría haber vulnerado «la seguridad del trafico jurídico, bien protegido del delito de falsedad». De esta manera, la continuación del procedimiento comenzó a dirigirse a la averiguación de los posibles indicios de criminalidad propios de este delito.

Fue entonces cuando el magistrado solicitó los expedientes de las ayudas a la Generalitat y llamó a declarar a Trenzano y, como testigo, a un técnico de la dirección que él ocupaba. Este último relata y muestra un informe de fiscalización de las ayudas en la que en apariencia se demuestra que ésta se realizó correctamente.

Entonces, se pregunta el juez en su auto, «¿qué falta pues en todo este caso?; ¿de dónde nace la duda sobre una posible parcialidad en la concesión de las subvenciones a empresas relacionadas con un familiar del presidente se la Generalitat?». La cuestión capital, prosigue, se encuentra en las normas de control .

La exigencia de un control sobre las subvenciones otorgadas en los ejercicios 2015 y 2016 no figuraban en la ley de ese momento y dicho control no se aprobó hasta 2018 . Es decir, entre dos y tres años después de haber dado las ayudas y, además, con posterioridad a las quejas y denuncias del PP.

La norma aprobada en 2018 establecía, del mismo modo, un control aleatorio de subvenciones, así que, en opinión del magistrado, el técnico de la Generalitat tampoco pudo aclarar en su declaración si éste se podría haber aplicado en el caso de las dadas a las mercantiles vinculadas al hermano de Puig.

Continuando con si hubo en realidad fiscalización o no sobre los ejercicios 2015 y 2016, el técnico manifestó que en esos años no se habían aplicado planes de control , «indicando varios motivos de todo tipo» -apunta el auto-: «enfermedad del propio testigo por el que causo baja médica; cambio del procedimiento de tramitación de subvenciones durante la anualidad 2016; problemas técnicos (pues había que sacar primero las bases regularlas y después las convocatorias); que se trataba de un procedimiento largo que había de exponerse y remitirse a todas las Consellerias, después al Consell Jurídic Consultiu y por útimo a la Intervención; que las bases se publicaron en agosto de 2016 y tardaron ocho meses; o que nadie le sustituyó durante su baja y al reincorporarse se priorizó sacar las bases y convocatorias, pero no pudieron ver los expedientes de atrás, porque no había tiempo material».

En definitiva, por multitud de razones, esos expedientes de 2015 y 2016 no se controlan hasta 2018 , cuando la fiscalización supuso, según defendieron los cargos de la dirección de Política Lingüística, «la conformidad y legalidad de las subvenciones concedidas» a Comunicació dels Ports y Mas Mut.

Por todo ello, explica el juez, se trata ahora de dilucidar si hubo delito de falsedad documental. No se requiere, detalla, «indicio alguno de posibles fines o de consecución de algún objetivo con la presunta alteración de la verdad y la seguridad jurídica como bien jurídico protegido» ni de «establecer posibles culpabilidades».

Pero sí de si existió «conocimiento y voluntad de falsear la realidad que se ha expresado en un documento oficial» en el que se podría haber faltado a la verdad: se aseguraba que se había realizado un control de las subvenciones, pero éste se hizo con posterioridad.

El procesamiento de Trenzano supone que se encuentre al borde de la apertura de juicio oral a la espera del pronunciamiento de la Fiscalía y las partes. Se trataría del primer cargo de la Generalitat que se siente en el banquillo por la polémica de las ayudas al hermano de Puig, que se investigan en otras causas judiciales. Dándose la circustancia de que pertenece a Compromís , socio de Gobierno del PSPV-PSOE en la Comunidad Valenciana.