La juez deja en libertad a Alfonso Grau tras medio año en prisión por el caso Azud

No obstante, los investigadores consideran ahora que la permanencia de Grau en el centro penintenciario de Picassent ya no es necesaria para sus pesquisas, por lo que se han modificado esas medidas cautelares. El límite legal -seis meses- se agotaba el próximo lunes. La magistrada le impone ahora la obligación de comparecer 'apud acta' en sede judicial cada 15 días, la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada del pasaporte.

Junto al exedil del PP fueron detenidas una docena de personas, entre las que se encontraba el entonces subdelegado del Gobierno en Valencia, el socialista Rafa Rubio, y el constructor Jaime Febrer, presunto cabecilla. Ambos ya se encuentran también en libertad provisional.

En esta causa, declarada secreta, se investigan delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal por el supuesto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública en el Ayuntamiento de Valencia entre 2004 y 2011 .

Uns presunta trama de corrupción que coincide en el tiempo con la época en la que tanto Grau como Rubio eran concejales del consistorio valenciano, en el Gobierno del PP y en la oposición, respectivamente, cargo que habrían aprovechado, supuestamente, para obtener comisiones irregulares con facturas ficticias que varias empresas habrían realizado.

No obstante, a Alfonso Grau, de 80 años, le constan todavía otros procedimientos judiciales. Ya fue condenado a cuatro años de cárcel por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia.

También está siendo investigado en el caso Taula. De hecho, está procesado -junto a medio centenar de cargos del PP y el propio partido- en el presunto ' pitufeo' en las elecciones locales de 2015 . Se considera al exvicealcalde popular el «recaudador» del dinero negro -mil euros- que los concejales y asesores del grupo recibieron y presuntamente blanquearon mediante transferencias bancarias en la cuenta de la propia formación para sufragar la campaña de estos comicios.

Además, el titular de Instrucción 18 ve indicios de malversación de caudales públicos y cohecho impropio en la actuación de Grau durante la campaña municipal de 2007, mientras en el caso de 2011, la conducta del exvicealcalde presenta indicios de cohecho pasivo impropio y de blanqueo de capitales.