Los jueces apuntan a la Generalitat por el desfibrilador sin batería en los tribunales de Valencia

Se suman así a la críticas de PP y Ciudadanos en Les Corts, que han pedido responsabilidades políticas tanto a la titular de Justicia de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, como a la de Sanidad, Ana Barceló.

Por su parte, la Conselleria de Justicia ha convocado una reunión , para este martes a partir de las 09.30 horas, con el objetivo de trasladar a todos los agentes del sector -Decanato de los juzgados, sindicatos, Fiscalía etc.- los resultados de la investigación abierta por estos hechos.

Un hombre de 54 años murió el pasado 17 de octubre tras entrar en parada cardiorrespiratoria mientras se celebraba un juicio en el que estaba procesado junto a otras trece personas por un asunto de drogas en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

El desfibrilador de la sede judicial no pudo ser usado en su ayuda por marcar nivel insuficiente de batería y el personal sanitario tuvo que continuar reanimando al hombre de manera manual, lo que para la sección territorial valenciana de Juezas y Jueces para la Democracia debe ser investigado como una posible negligencia.

En un comunicado difundido este lunes, JpD pide a Justicia que acuerde «medidas efectivas que eviten los riesgos en materia de seguridad y salud que generan estas situaciones».

Junto a ello, la organización lamenta una posible «desidia» de la Conselleria en la convocatoria del comité de prevención de riesgos laborales que integra a todos los colectivos profesionales presentes en el funcionamiento diario de la Ciudad de la Justicia.

«No podemos olvidar que por la Ciudad de la Justicia pasan a diario miles de personas, además del número importante de trabajadores y trabajadoras de distintos sectores profesionales que ejercen su actividad laboral en este recinto. La Generalitat es la titular del edificio y debe cumplir el Decreto 159/2017, aprobado por el propio Gobierno valenciano, que regula la instalación y uso de los desfibriladores, así como su mantenimiento», añade.

«Las últimas informaciones difundidas desvelan que el referido desfibrilador no funcionaba por falta de batería y que e l material médico para su uso estaba caducado . Además, en mayo de 2018 esta anómala situación ya habría sido puesta en conocimiento del gerente de la Ciudad de la Justicia, el cual la habría transmitido a la Conselleria de Justicia, sin que al parecer se hayan tomado las medidas oportunas», dice también la sección valenciana de JpD.

«El grave incendio que causó importantes daños en la Ciudad de la Justicia ya mostró serias deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones y en el seguimiento sobre el funcionamiento apropiado de las mismas», añade la organización.

«Ha de recordarse que la Conselleria de Justicia no ha convocado desde enero al comité de coordinación de prevención de riesgos laborales, a pesar de que el mismo había de reunirse con carácter trimestral . La falta de funcionamiento de esta mesa técnica muestra cierta desidia de la actuación institucional en la materia», dice JpD, que añade que la Conselleria de Justicia está adoptando medidas que afectan a posibles riesgos laborales sin contar con la participación de los delegados de prevención de los colectivos profesionales afectados.

En el encuentro convocado por la Administración este martes, al que asistirá la consellera Gabriela Bravo, también se dará cuenta de las acciones que se van a seguir, han avanzado a Europa Press fuentes de este departamento del Ejecutivo valenciano.

El pasado viernes, la directora general de Justicia, Bárbara López, explicó que las baterías del desfibrilador de la Ciudad de la Justicia de València se revisaron por última vez el 16 de noviembre de 2016 y que el fabricante del dispositivo recomienda que se haga cada tres años.

La Conselleria ha abierto una investigación «en profundidad» para averiguar por qué no funcionaron correctamente las baterías del este aparato y, para ello, se han solicitado los informes pertinentes tanto a la gerencia de la Ciudad de la Justicia como a los servicios de mantenimiento y seguridad de la Conselleria.