La UE investigará 17 futuras urbanizaciones de municipios alicantinos con escasez hídrica

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MARIBEL NÚÑEZ. CORRESPONSAL

BRUSELAS. El comisario europeo de Medio Ambiente, Stravos Dimas, a instancias del eurodiputado de los Verdes valenciano David Hammerstein, anunció ayer que su departamento va a investigar la construcción de nada menos que 250 urbanizaciones, tanto proyectadas como en fase de construcción, en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana por encontrarse en zonas con una falta de agua endémica, lo que hace difícil que puedan tener el agua necesaria para ponerse en marcha.

De ellas, 17 se encuentran en la Comunidad, al sur de la provincia de Alicante: se tratan de planes urbanísticos situados en Torrevieja, Orihuela, Los Dolores, Benijófar, Pinoso, Albatera, Redován, Granja de Rocamora, Crevillente, Benejúzar, Crevillente, San Fulgencio, San Isidro y San Miguel de Salinas. Todos, según Hammerstein, carecen del plácet de la Confederación Hidrográfica del Segura.

En concreto, y si finalmente se confirman los hechos, los constructores y promotores, junto con los ayuntamientos y Comunidades Autónomas responsables en su caso de las correspondientes licencias, estarían contraviniendo la Directiva Marco del Agua que establece, entre otros puntos, el desarrollo y consumo sostenible de este recurso imprescindible en todo el territorio europeo, tanto a medio como a largo plazo.

El comisario Dimas explicó hace unos días por carta a Hammerstein que pedirá explicaciones al Gobierno español (el interlocutor oficial de la Comisión Europea y no las Comunidades Autónomas) sobre cómo se ha podido autorizar la construcción de los mencionados proyectos urbanísticos «a pesar de contar con una opinión negativa de las confederaciones hidrográficas».

Hammerstein aseguró ayer que «la investigación de la Comisión puesta en marcha puede poner en entredicho legal la construcción de centenares de miles de viviendas que se proyectan construir en zonas con una escasez hídrica endémica».

El Ejecutivo comunitario ha dado dos meses al Gobierno español para que dé explicaciones de la situación de las 250 urbanizaciones y, sobre todo, de cómo puede ser que hayan obtenido todas las licencias sin tener el agua garantizada de una forma sostenible.