Denuncian el maltrato a ancianos atados, desnudos y en el suelo en una residencia de Valencia

Según ha podido saber Europa Press, Fiscalía ha firmado el decreto correspondiente y ha asignado fiscal instructor, independientemente de la vía administrativa anunciada por la Conselleria de Igualdad, que este martes informó de la apertura de una investigación a la residencia .

El objetivo de la actuación de Fiscalía es determinar si se desprenden responsabilidades penales a la vista de las grabaciones. La investigación se encuentra en fase muy embrionaria e incluirá la solicitud a la Conselleria de toda la documentación que conste sobre el centro.

La Conselleria de Igualdad ha inspeccionado el centro en cuatro ocasiones desde que Domus VI compró las instalaciones en noviembre de 2018, según han informado fuentes de la Generalitat Valenciana.

En estas inspecciones se detectaron varios incumplimientos graves, tales como falta de personal médico y enfermería, mobiliario defectuoso, falta de cuidado a residentes o incumplimiento de contrato no carecer de servicio de peluquería y podología, y por estos motivos se impuso a la empresa una multa de 174.000 euros.

La residencia Domus VI subsanó algunas de estas deficiencias -otras se encuentran en proceso de subsanación- y actualmente tiene capacidad para 150 internos, han informado las mismas fuentes.

En otra residencia de esta misma empresa ubicada en Alcoy (Alicante) han fallecido más de 70 internos durante la pandemia de coronavirus (más de la mitad de los internos) y la Conselleria de Sanidad ha advertido «posibles negligencias graves».

La asociación El Defensor del Paciente ha pedido este martes a la Fiscalía Superior la intervención urgente y el cierre de la residencia DomusVI de Llíria (Valencia), a raíz de esta denuncia pública, según ha señalado en un comunicado.

La presidenta de esta entidad, Carmen Flores , ha señalado al respecto que la Fiscalía « no debe en ningún modo consentir » ese trato y por ello su intervención debe ser « urgente y efectiva para solucionar algo que no ha debido pasar nunca».

En ese sentido, ha recordado que esta petición esta fundamentada en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que «obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieran noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal».

Los responsables de la residencia DomusVi Jardines de Llíria (Valencia) han afirmado en un comunicado que las imágenes emitidas sobre las supuestas desatenciones que presta a sus usuarios corresponden a «caídas» de residentes por «su avanzada edad y problemas psicomotrices» que fueron « atendidas inmediatamente » y con « total dedicación » por el personal y ha señalado que este vídeo fue grabado por una exempleada a la que no se renovó el contrato por «no cumplir con sus obligaciones laborales».

La empresa, en un comunicado remitido este martes a Europa Press, ha condenado «rotundamente» el vídeo emitido este martes por la cadena Telecinco y al respecto ha señalado que se trata de unas imágenes grabadas por «una extrabajadora cuyo contrato temporal no fue renovado porque no cumplía con sus obligaciones laborales ».

Así, ha afirmado que esta empleada trabajó en el centro «solamente los meses de abril a agosto, como refuerzo del equipo de limpieza durante la crisis».

Además, ha señalado que las imágenes emitidas corresponden a «residentes del centro durante la etapa de confinamiento que, por su avanzada edad y problemas psicomotrices, habían sufrido una caída» y que en «estos casos, y como no podría ser de otro modo, los empleados de DomusVi les atienden de manera inmediata, con total dedicación».

Del mismo modo, ha garantizado que posteriormente contactan con sus familiares para «informarles en todo momento de la situación y estado de salud de los mayores». De hecho, ha afirmado que la dirección del centro «ya está en contacto con los familiares de nuestros residentes y se mantiene a disposición de las familias para resolver cualquier duda al respecto».

Por todo ello, ha reiterado «una vez más» su «total repulsa» ante «la mala praxis de esta extrabajadora, que no es representativa de nuestra labor de cuidar personas, siendo una actuación totalmente reprochable y condenable para la compañía y para el resto de trabajadores de la residencia».