Operación Azud
Los investigadores creen que el cuñado de Rita Barberá pudo cobrar cuatro millones de euros en comisiones
Junto a José María Corbín se encuentran investigadas otras diez personas, entre ellas sus hijas y su mujer
No existe constancia de que el dinero llegara a cuentas privadas de la exalcaldesa ni fuera dirigido a financiar al PP
Una nueva operación contra la corrupción se saldó ayer en Valencia con la detención de dos personas: el cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá y abogado José María Corbín y uno de sus socios, Diego Elum, igualmente abogado. La investigación que coordina Fiscalía y el Juzgado de Instrucción 13 se centraría en una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obras adjudicadas en el Ayuntamiento de la ciudad durante la etapa del PP.
Según fuentes conocedoras de los hechos, la red creada para este propósito habría alcanzado un beneficio de alrededor de cuatro millones de euros . La operación, declarada secreta, ha recibido el nombre de Azud, una palabra referente a las presas realizadas en los ríos para desviar parte del caudal.
Además de las dos personas arrestadas, se encuentran por el momento otras diez investigadas, entre ellas las tres hijas del letrado y su mujer, Asunción Barberá, según confirman fuentes judiciales. Corbín, además, ejerce la defensa de Mari Carmen García Fuster, la que fuera tesorera y mano derecha de la exalcaldesa y una de las imputadas en otro caso de supuesto cobro de mordidas en administraciones valencianas (Taula).
Los posibles delitos cometidos serían los de cohecho, malversación o tráfico de influencias.
Los investigadores creen que Corbín utilizó su posición para lucrarse a través de su despacho. De este modo, habría actuado como mediador entre el Ayuntamiento y empresarios contratistas del Consistorio, habiéndose podido llevar dinero, por ejemplo, de reclasificaciones y recalificaciones de suelo. Sin embargo, existen otros ámbitos además del urbanismo con los cuales podría haberse beneficiado.
Los indicios apuntan a que, posteriormente, las comisiones obtenidas por ese trato de favor se pagarían a través del despacho mediante facturación a terceros de forma ficticia por servicios no prestados.
Toda esta operativa supondría un lucro personal, aunque está por comprobar el papel que jugaría su familia según los investigadores. Fuentes conocedoras de la operación aseguran que, por el momento, no existe constancia de que el dinero llegara a cuentas privadas de la exalcaldesa de Valencia ni tampoco fuera dirigido a financiar ilegalmente al PP.
No han trascendido tampoco las posibles empresas implicadas, aunque algunas de ellas tendrían relación con el caso Taula. En esa investigación se apuntaba a que Laterne, el grupo empresarial que montó la campaña popular de las elecciones municipales de 2007, recaudó dinero entre importantes contratistas del Ayuntamiento de Valencia como Lubasa, FCC o Sociedad de Agricultores de la Vega. Según una extrabajadora de la agencia, el despacho de Corbín revisaba todos los contratos.
Registros y embargos
Durante la jornada de ayer, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo varios registros, entre ellos en la vivienda -donde estuvieron varias horas al haberse encontrado más documentación de la esperada- y en el despacho de Corbín. Los agentes también acudieron a alrededor de una decena de empresas y ya analizan los recibís de facturas. Los registros continuarán previsiblemente hoy.
El juzgado ha procedido igualmente al embargo de varias propiedades del abogado como alguna vivienda, aunque por el momento no existe confirmación de que haya bloqueado bienes de su familia.
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