Los investigadores acreditan que Eduardo Zaplana logró retornar a España casi tres millones procedentes de «sobornos»

El hallazgo de la documentación que dio origen a la causa se produjo en el despacho del abogado de exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent. El registro tuvo lugar en junio de 2015 por parte de la Guardia Civil en el marco del caso Taula, un procedimiento judicial en el que Benavent se encuentra colaborando y que en principio nada tenía que ver con el de Zaplana.

La sorpresa llegó cuando los papeles correspondían a otras operaciones totalmente diferentes y que eran indiciariamente delictivas. La Fiscalía Anticorrupción, en uno de los escritos que forman parte del sumario -al que ha tenido acceso ABC- explica que los documentos procedían de una vivienda del exministro. En ellos, figuraban una serie de sociedades y de pasos a seguir para acceder a determinadas adjudicaciones públicas , que todavía no se habían producido en ese momento pero que dependían en gran medida de la intervención política.

Estas adjudicaciones correspondían a las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y al Plan Eólico de la Comunidad Valenciana. A cambio de ellas, el expresidente de la Generalitat habría recibido comisiones . El monto total en sobornos asciende a más de 10,5 millones de euros, parte de los cuales habrían ido a dos sociedades de Luxemburgo.

Posteriormente, se constató que hubo cantidades que retornaron a España de forma oculta y velada a través de ese entramado societario con el cual se realizaron las transferencias. La Fiscalía y la UCO apuntan a que se ha acreditado la vuelta de 2,9 millones de euros . Un movimiento que posibilitaron tres empresas: Costera del Glorio, Medlevante, Geodesarrrolos Integrales y Turnis Sylvatica.

Además de Zaplana, los investigadores remarcan la participación activa en los hechos de la familia Cotino al haber sido los principales beneficiarios de los contratos tanto de las ITVs como de los parques eólicos. En los documentos iniciales aparece precisamente un correo dirigido a Juan Cotino, por aquel entonces director general de la Policía.

Se trata, concretamente, de una comunicación sobre las condiciones para concurrir a la licitación del plan eólico. Lo hacen a través de la sociedad Proyectos Eólicos Valencianos, participada por Endesa, Bancaja y Sedesa (propiedad de la familia Cotino). Años después, los dos últimos vendieron sus participaciones. La intención era presentarse a cinco zonas para ser adjudicataria de tres, como finalmente así sucedió (y fueron las de mayor rendimiento económico).

Imision Internacional e Inversiones Imision fueron dos de las sociedades que resultaron clave en toda esta operativa. Ambas se constituyeron en Luxemburgo en 2001 con un mes de diferencia (mayo y junio) y pasaron a ser controladas por la familia Cotino, según los investigadores. La primera estuvo gestionada por Beatriz García Paesa, la sobrina de espía Francisco Paesa, quien entregó al exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán.

Un mes después de la constitución de ambas, en julio de 2001, la Generalitat aprobaba el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana en el que mediante convocatoria pública se escogerían los proyectos que instalarían parques en 15 zonas que se sacaron en bloque a concurso. Las preadjudicaciones fueron conocidas en 2002 y las definitivas se produjeron en 2003.

El grupo Sedesa abonó durante los años 2005 y 2006 a Imision Interncional 6,4 millones de euros, utilizando, explican la Fiscalía y la UCO, parte de los beneficios obtenidos en la sociedad concesionaria de las ITV.

Por otra parte, habrían abonado sobornos a Juan Francisco García , quien fuera jefe de Gabinete de Zaplana, a través de dos empresas: 2,18 millones para Fenix Investiments (la cual también se constituyó en Luxemburgo el mismo día que Imision) y 1,35 millones a Dobles Figuras, que creó García al abandonar la política y que empezó a facturar con Sedesa 125.000 euros sin tener siquiera trabajadores.

La suma de esas cantidades (unos 2,3 millones) resulta relevante por los hechos que tuvieron lugar posteriormente. Fenix fue liquidada en 2012, siendo García el titular de las participaciones, valoradas justamente en 2,3 millones. Ese dinero retornó a España en ese mismo año al acogerse a la amnistía fiscal del entonces ministro Cristóbal Montoro, y se ingresan en una cuenta en la que figuran como titular el investigado y su esposa.

Los beneficios obtenidos por el grupo Sedesa tanto en ITVs como en parques eólicos -a cambio de los sobornos- alcanzaría, en total, los 86,5 millones de euros según los investigadores.

La Fiscalía expresa en su escrito que la investigación policial, dirigida por el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, «ha permitido desentrañar una verdadera organización estructurada que se ha beneficiado de importantes cantidades dinerarias como consecuencia de su intervención en adjudicaciones públicas y que ha reportado importantes beneficios a las empresas adjudicatarias, todas ellas controladas por una misma familia».

Resulta absolutamente relevante, destaca el fiscal en el escrito de mayo de 2018, el hecho de que resulte desconocido el paradero de una parte importante del dinero al estar oculto en cuentas. En este sentido, la juez recientemente logró bloquear 6,3 millones en dos cuentas en Suiza, lo que conllevó la puesta en libertad de Zaplana. «Las diligencias practicadas permiten constatar que en la actualidad se realizan operaciones de diferente tipo provenientes del dinero ilícitamente obtenido», añade, y de ahí la importancia de su aseguramiento.