Un informe señala que en la Comunidad Valenciana hay 7.100 hogares al límite de pobreza en vivienda

Así lo constata el informe sobre la situación de la vivienda pública en la Comunitat Valenciana que el síndic de Greuges, José Cholbi , ha entregado hoy al president de Les Corts, Enric Morera, y que analiza los años 2005 al 2015, a partir de la información de la Entitat Valenciana de l'Habitatge i Sòl (el antiguo EIGE), de los ayuntamientos y del Instituto Nacional de Estadística.

El adjunto primero de la Sindicatura de Greuges y coordinador del informe, Ángel Luna, ha señalado en rueda de prensa que el estudio revela además que e l impacto de la crisis sobre la pobreza ha sido mucho más severo en la Comunitat Valenciana que en el resto de España, especialmente en la provincia de Alicante, donde se situó en el 22 por ciento en todo el periodo analizado.

Asimismo, el informe advierte de que el parque de vivienda pública es "insuficiente" para atender la demanda de los colectivos más desfavorecidos, y pide la aplicación "inmediata" del auto del Tribunal Constitucional (TC) que levanta la suspensión de la aplicación de varios artículos de la Ley por la Función Social de la Vivienda impulsada por la Generalitat valenciana.

El estudio, ha explicado Luna, surge de la necesidad de analizar el impacto de la vivienda como generador de pobreza en la Comunitat, y parte también del hecho de que "el acceso a una vivienda digna continúa siendo en la actualidad una de las principales preocupaciones de la sociedad valenciana", según ha constatado la Sindicatura a través de las quejas recibidas (unas 150 anuales).

Recuerda además que la política de vivienda en España y en la Comunitat Valenciana ha priorizado tradicionalmente el acceso de las clases medias a la vivienda en régimen de propiedad (VPO), frente a las políticas de acceso en régimen de alquiler, y demanda un enfoque "más social" de estas políticas que facilite el acceso a los colectivos más vulnerables.

El informe, realizado por el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante, dirigido por Paloma Talltuvull, cuantifica el parque de vivienda pública en la Comunitat en unas 65.000 unidades, de las cuales el 94 % están ocupadas, mientras que entre el 4 y el 5 % (unas 3.500) se encuentran vacías, 2.130 se encuentran el ocupación ilegal y 1.150 para rehabilitar.

El informe estima en 7.100 los hogares que se encuentran en el límite de la pobreza en vivienda y que en cualquier momento de cambio de coyuntura podría requerir apoyo público inmediato.

Alerta además de que una eventual contracción del ciclo económico podría provocar un aumento de las necesidades de viviendas en más de 20.000 unidades, por lo que las actuales 3.500 viviendas vacías son "insuficientes".

La Sindicatura de Greuges concluye el estudio con una serie de recomendaciones dirigidas a la Conselleria de Vivienda, entre ellas la necesidad de incrementar el parque de vivienda pública en alquiler, y mayores dotaciones presupuestarias que hagan efectivo el derecho a una vivienda "asequible, digna y adecuada".

Asimismo, insta a poner en funcionamiento el sistema de ayudas al alquiler, y el abono de las mismas a las personas a quienes no se les pueda adjudicar una vivienda pública en este régimen por insuficiencia del parque público.

Por último, pide que se elaboren estudios con datos "fiables y exactos" sobre la oferta y demanda actual de vivienda pública, y subraya la estrecha relación que debe existir entre la vivienda y las políticas sociales.