Incendios con culpables

POR ISABEL RGUEZ. DE LA TORREVALENCIA. José Francisco A. tiene 51 años y posibilidades de ingresar en prisión. Aquel 7 de marzo de 2004 soplaba viento de poniente. Pertrechado con tres encendedores se

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POR ISABEL RGUEZ. DE LA TORRE

VALENCIA. José Francisco A. tiene 51 años y posibilidades de ingresar en prisión. Aquel 7 de marzo de 2004 soplaba viento de poniente. Pertrechado con tres encendedores se echó al campo; se fue al paraje del Pedreguer y metió fuego a las cañas que flanqueaban la ribera del río Magro, en el municipio de Turís. Las llamas arrasaron apenas media hectárea, el equivalente a medio campo de fútbol; el incendio no causó «grave daño al medio natural». Ni una cosa ni la otra difumina la posibilidad de prisión en el horizonte próximo de José Francisco A.

La Fiscalía solicita para él dos años de cárcel; un mes más de lo que ha pedido, como castigo, para el vecino de Simat de la Valldigna que, el pasado año, causó el incendio que arrasó 1.900 hectáreas al quemar las cartas de su ex novia y arrojarlas en llamas a un contenedor de basura.

Media hectárea, uno; amenaza de dos años de cárcel; 1.900 hectáreas el otro; petición de 23 meses de prisión.

«Cuando la superficie afectada es pequeña, la respuesta penal parece desmesurada; en cambio, cuando el incendio quema una importante cantidad de terreno, parece que la respuesta penal es corta, pero sin embargo, el valor de la acción es idéntico. Tan grave es el incendio que quema dos hectáreas como el que quema 2.000. Es tan antijurídicamente reprochable la conducta del que quema poco la del que quema mucho», arguye el Delegado de Medio Ambiente de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, Joaquín Baños, hasta hace poco coordinador de incendios forestales, para explicar esta aparente desproporción.

«El incendio que quema dos hectáreas no ha quemado más porque en ese puntual momento las condiciones atmosféricas han sido favorables o los servicios de extinción han intervenido con rapidez y se ha cortado», añade Baños.

José Francisco prendió fuego aquí,allá y acullá; aquí quemó 0.006 hectáreas de vegetación de cañar, tasadas en 600 euros. No se sabe quién es el titular del terreno; allá, las llamas afectaron a 0,26 hectáreas. El daño en este suelo, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Júcar, asciende a 2.340 euros; acullá el fuego quemó 0,25 hectáreas. Su propietario no reclama compensación alguna.

Quemas agrícolas

Extinguir el fuego le costó al Consorcio Provincial de Bomberos 1.857 euros. Y el fiscal quiere que también lo pague el acusado. En el mismo escrito, el Ministerio Público pide el sobreseimiento provisional de cinco incendios más, desencadenados en fechas muy próximas -entre el 29 de diciembre de 2003 y el 16 de febrero de 2004- cuya autoría ha sido imposible atribuir al acusado ni a ninguna otra persona.

Es lo que ocurre con buena parte de los incendios intencionados. Muy difícil ponerles nombre. Pero la mayoría de los fuegos son resultado de negligencias; y muchas de ellas relacionadas con prácticas agrícolas perniciosas, cuya eliminación defiende el fiscal de Medio Ambiente.

Como la de Eduardo Sánchez y Gregorio Martínez. Amontonaron los restos de poda de sus olivos y encendieron tres hogueras. Lo hicieron en Requena, en la linde con el monte y sin autorización para ello. No vigilaron el fuego hasta su total extinción; ni echaron agua; ni enterraron la zona quemada. Se fueron y el fuego se propagó por el monte. Era mayo. Hacía calor y ni siquiera limpiaron de material combustible el terreno próximo a las hogueras. El fuego afectó a 0,48 hectáreas. La superficie «no era muy extensa, aunque sí de cierta relevancia». Se quemaron 9 pinos y 98 pimpollos. Los dos agricultores ya han sido juzgados; y condenados: siete meses de prisión y una multa de 1.440 euros cada uno. Y la obligación de pagar a la Generalitat 232 euros, el valor de los árboles afectados.

Ivaylo Nikolaev Petrov quemó los restos de poda de olivos de la finca en la que trabajaba en Requena porque su jefe se lo ordenó. Lo hizo en la ribera del río Cabriel, sin adoptar las más elementales medidas de seguridad. A través de las cañas, el fuego se propagó a la ribera derecha del río y alcanzó un monte colindante, propiedad de la Geralitat. Quemó nueve hectáreas: 480 pinos, 1.200 pimpollos y 65 chopos, valorados en 8.000 euros. Extinguir el fuego costó 14.851 euros. Provocarlo le ha costado a Ivaylo Nikolaev nueve meses de cárcel.

Lejos de la extendida percepción social, quemar el monte no sale gratis. La sanción penal puede ser tan severa cuando el fuego arrasa 2 hectáreas o 2000. Se castiga la «antijuricidad» de la acción

ABC

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