El hermano de Ximo Puig declara como imputado ante el juez por el presunto fraude de subvenciones

La Fiscalía pidió su declaración en calidad de imputado como solicitante de las ayudas públicas que recibieron Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, por las facturas cuyo pago no ha podido ser acreditado o aquellas cuya relación con la actividad de las empresas no ha podido ser determinado.

También comparecerá en sede judical, dos días más tarde, E nrique Adell Bover , como administrador de Canal Maestrat, por el mismo motivo. A este investigado se le añaden también las imputaciones de falseamiento de nóminas, para obtener subvenciones a través de otra productora denominada Kriol Producciones.

El caso, en el que también está imputado el director de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, partió en 2019 de una denuncia del Partido Popular, que ejerce la acusación particular. Desde entonces, la Guardia Civil ha ido recopilando tanto las facturas originales, como los movimientos bancarios, los expedientes administrativos o información de los registros mercantiles, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social sobre las empresas implicadas.

Todo ello desembocó en un informe de más de 400 páginas que cifraba en 1.209.744,14 euros el importe total de las subvenciones que recibieron estas mercantiles entre 2015 y 2018, del Gobierno valenciano (755,641,72), catalán (414.774,42) y aragonés (39.328) en distintas convocatorias, como el fomento de la lengua propia o el empleo joven.

El Equipo de Delitos Económicos de la Policía Judicial detectó hasta cuatro tipos de irregularidades en la justificación de esas partidas. La investigación reveló la existencia de facturas cuyo pago no ha quedado acreditado, duplicadas o que contemplan gastos que no serían subvencionables.

Por ejemplo, se justifican las ayudas al fomento de las lenguas propias de cada territorio con recibos de la compra de gasóleo B -reservado a maquinaria agrícola-, sacos de pellets para calefacción o productos de la perfumería de una familiar de los Puig. Además, se imputan los mismos gastos al 100% en subvenciones que tienen el mismo objetivo.

Según el Ministerio Público, las cuantías presuntamente defraudadas se situarían «en el límite entre el delito y la infracción administrativa» que la ley marca en 120.000 euros por cada año natural y la misma actividad. Esa es una de las claves de todo este proceso: si la causa debe seguirse por la vía penal o zanjarse con una sanción administrativa.

Por ello, y con el ánimo de «determinar qué cantidades han sido indebidamente obtenidas», el juez solicitó el pasado mes de abril a la Intervención de la Generalitat Valenciana y la Intervención de la Generalitat de Catalunya que realicen sendos informes-auditoría sobre estas subvenciones teniendo en cuenta la documentación con la que se justificaron para determinar la cantidad exacta que presuntamente se habría defraudado.

Comunicacions dels Ports y Canal Maestrat ya fueron multadas por la Comisión de Defensa de la Competencia por pactar precios para ganar un concurso público para prestar sus servicios a la televisión autonómica, À Punt.

En un comunicado remitido a Europa Press hace varias semanas tras conocerse la citación judicial, la primera de ellas -administrada por el hermano del jefe del Consell- insistió en que no se había cometido ningún ilícito penal y que todas las «dudas» de la Guardia Civil sobre un número «muy limitado» de facturas aportadas para justificar las subvenciones concedidas «serán resueltas en una próxima comparecencia en sede judicial, que se solicitará en breve».

La mercantil recordó que, tal y como consta en un oficio remitido por la Agencia Antifraude de fecha 20 de febrero de 2020 al juzgado, tras las comprobaciones oportunas, «todos los planes de control en el ámbito administrativo de las subvenciones recibidas han finalizado con resolución favorable, no instruyéndose ningún procedimiento de reintegro por parte de la administración».