Guerra del cava: el PP acusa a Sánchez de plegarse ante ERC en contra de los productores valencianos

Barrachina ha señalado que este acuerdo, «es la continuación del golpe del Gobierno de España el pasado septiembre, cuando renunció a seguir ejerciendo las competencias de todos los agricultores en favor del consejo de una Denominación de Origen cuando esta excedía de un ámbito autonómico, como es el caso del cava que afecta a la Comunitat Valenciana, Cataluña y Extremadura».

El diputado ha recordado que en el Consejo Regulador del cava «no existe ninguna representación de agricultores valencianos». «En aquel caso reclamamos y así lo plasmamos en una iniciativa parlamentaria pendiente de debate en Les Corts, la derogación de esta decisión y que las competencias siguieran siendo del Ministerio», ha explicado.

«El Gobierno valenciano, con la cobardía habitual de Ximo Puig cuando tiene que enfrentarse al Gobierno de Madrid, hizo una nueva concesión al separatismo catalán al decidir no recurrir y ceder que las competencias de ampliación de las plantaciones de vid para cava valenciano quedaran en manos exclusivamente de agricultores de Cataluña», ha manifestado Barrachina, quien ha recordado que Extramdura sí recurrió.

«Desde el PPCV volvemos a incidir en la necesidad de que el Gobierno valenciano recurra una decisión injusta, como casi todas las de Sánchez respecto a la Comunitat Valenciana», ha afirmado el diputado. Barrachina ha anunciado que el PPCV seguirá en la misma línea «de defensa de los agricultores valencianos» y pedirá volver a la anterior redacción por la cual era el Ministerio y no un Consejo Regulador era quien tomaba las decisiones sobre las ampliaciones de cultivos.

Tal y como viene informando ABC , el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado sábado la disposición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las nuevas limitaciones que se establecen. En el caso del cava, se ratifica que se permitirá la nueva plantación de 0,1 hectáreas y que «no se concederán solicitudes de autorizaciones de replantaciones de viñedo ni solicitudes de conversión de derechos de replantación», como sí querrían los productores emergentes.

El Gobierno alega que las nuevas producciones «puede suponer un riesgo de devaluación significativa de la DOP», algo que ya es lo defendido por los productores catalanes. El Consejo Regulador del cava, cuya mayoría de miembros de su estructura directiva proceden de empresas catalanas, lleva años pidiendo al Ministerio de Agricultura que ponga coto a las nuevas producciones para defender la calidad y los precios vigentes.