La Guardia Civil detecta cuatro tipos de irregularidades en las subvenciones al hermano de Ximo Puig

El documento del Equipo de Delitos Económicos, «tras examinar la documentación aportada por las empresas y consultar a otros organismos», señala cuatro tipos de irregularidades en la justificación de gastos de las ayudas que recibieron las productoras Comunicacions dels Ports, Mas Mut Produccions y Canal Maestrat por parte de la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Cataluña entre 2015 y 2018, para el fomento del valenciano, el catalán y el aranés en los medios de comunicación.

Las cuantías obtenidas se encuentran «en el límite entre el delito y la infracción administrativa» que la ley marca en 120.000 euros por cada año natural y la misma actividad, por lo que la Fiscalía cree que «se hace necesario determinar qué cantidades han sido indebidamente obtenidas».

En ese sentido, ha reclamado que tanto la Intervención de la Generalitat Valenciana como la de Cataluña realicen sendas auditorías sobre las subvenciones percibidas por estas sociedades, teniendo en cuenta la documentación con la que se justificaron. Una petición que el juez ya ha trasladado, tal y como informó este martes ABC .

Del mismo modo, también a petición del Ministerio Público, el instructor ha citado a declarar como imputado, el próximo 23 de mayo , al administrador de las dos primeras mercantiles y solicitante de estas ayudas, Francis Puig, por las facturas cuyo pago no ha podido ser acreditado o aquellas cuya relación con la actividad de las empresas no ha podido ser determinado.

También comparecerá en sede judical, dos días más tarde, Enrique Adell Bover, como administrador de Canal Maestrat, por el mismo motivo. A este investigado se le añaden también las imputaciones de falseamiento de nóminas, para obtener subvenciones a través de otra productora denominada Kriol Producciones.

El análisis de la Policía Judicial, cuyas conclusiones se recogen en un escrito de Anticorrupción al que ha tenido acceso este periódico, revela la existencia de facturas cruzadas para obtener subvenciones en mayor cuantía que la que correspondería. Algo que podría ser constitutivo de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Se da la circunstancia, por ejemplo, de que en 2015 Mas Mut incluyó facturas de Comunicacions dels Ports cuyo pago no ha podido ser acreditado.

El documento también cuestiona si algunas facturas pueden ser consideradas como gasto subvencionable o está suficientemente justificada su adecuación a las bases de las ayudas. En caso contrario, «la conducta podría entrar en la de falseamiento que exige el delito de fraude de subvenciones o ser constitutiva de infracción administrativa con obligación de reintegro», según el fiscal.

Es el caso de los repostajes, los costes de transporte, teléfono o gestoría. En este grupo, se han encontrado también facturas duplicadas o de suministro de energía u otros que no se corresponden con el domicilio social y que también integrarían el concepto de falseamiento para obtención de subvenciones, salvo que fueran ficticias.

Por otro lado, y aunque las ayudas de la Conselleria de Educación valenciana y la de Presidencia catalana eran compatibles siempre que no se alcanzara en conjunto el gasto realizado , se omitió en las solicitudes que se habían recibido otras subvenciones con la misma finalidad. El equipo de Delitos Económicos de la Benemérita ha constatado, además, que se solicitaron íntegramente -al 100%- las mismas subvenciones en ambas administraciones, justificando los mismos gastos -los del año anterior en el caso de Cataluña-, por lo que está por determinar si la suma de ambas excedía el gasto acreditado.

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El caso, en el que también está imputado el director de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, parte de una denuncia del Partido Popular, que ejerce la acusación particular. Algunas de estas productoras -Comunicacions dels Ports, Canal Maestrat y Kriol- fueron multadas con 43.000 euros por la Comisión de Defensa de la Competencia por pactar precios para ganar un concurso público para prestar sus servicios a la televisión autonómica, À Punt .

En un comunicado remitido a Europa Press , Comunicacions dels Ports ha insistido en que no ha cometido ningún ilícito penal y asegura que pedirá comparecer ante el juez para explicar subvenciones cuestionadas.

La productora señala que durante más de dos años se ha mantenido un «respetuoso silencio» para no interferir en la investigación y ha aclarado que las «dudas» de la Guardia Civil sobre un número «muy limitado» de facturas aportadas para justificar las subvenciones concedidas «serán resueltas en una próxima comparecencia en sede judicial, que se solicitará en breve». Y ha agregado: «En ningún caso tales dudas derivan en la comisión de ningún ilícito penal».

Además, ha advertido de la existencia de un informe de la benemérita en la que, a su juicio, «confunde» al hablar de la doble imputación del gasto para subvenciones de la Generalitat Valenciana y la Generalitat Catalana, el hecho de que las mismas facturas se hayan aportado en una u otra administración con el dato objetivo de que en ningún caso se ha subvencionado íntegramente por ambas administraciones o doblemente un mismo gasto, «respetándose en todo momento el límite previsto en el artículo 19.3 de la Ley General de Subvenciones».

Y ha aprovechado para recordar, tal y como consta en un oficio remitido por la Agencia Antifraude de fecha 20 de febrero de 2020 al juzgado que, tras las comprobaciones oportunas, «todos los planes de control en el ámbito administrativo de las subvenciones recibidas han finalizado con resolución favorable , no instruyéndose ningún procedimiento de reintegro por parte de la administración».