El objetivo es contribuir a paliar la pérdida de poder adquisitivo que los empleados públicos sufrieron durante la crisis económica, detalla la administración en un comunicado.
Este acuerdo, con efectos desde el 1 de julio, supone una cuantía de alrededor de 11 millones de euros y afecta a las retribuciones de los más de 150.000 empleados públicos de la Generalitat y de sus instituciones públicas, así como del personal de universidades públicas y de centros docentes concertados.
El decreto-ley 1/2019 adaptó a la legislación básica estatal las retribuciones de los empleados públicos del Consell, con las mismas condiciones que las fijadas por el Estado para todas las administraciones.
De esta forma, el Gobierno valenciano tiene autorización para instrumentar la aplicación del 0,25% en su ámbito, desde que el Gobierno adoptó el mismo acuerdo en el Consejo de Ministros del 21 de junio.
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