Covid-19
La Generalitat Valenciana contrata a una empresa privada para gestionar las multas del coronavirus
El Consell pagará más de 1,7 millones de euros porque «la Administración no dispone de recursos humanos suficientes»
Última hora del coronavirus, la desescalada y las restricciones en la Comunidad Valenciana
D. V.
La Generalitat Valenciana pagará más de 1,7 millones de euros a una empresa privada para gestionar las multas por las restricciones del coronavirus , que ascienden a más de 95.000 actas de denuncia en las tres provincias de la autonomía.
Así, el Pleno del Consell ha aprobado este viernes la declaración de emergencia de la contratación del servicio técnico complementario de apoyo al régimen sancionador contra los incumplimientos de las medidas de prevención ante el Covid-19 en la Comunidad Valenciana.
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La Subsecretaría de la Conselleria de Justicia acordó tramitar por emergencia la gestión de las multas por las restricciones del coronavirus y el contrato se ha adjudicado a la empresa Martínez Centro de Gestión , por un importe de 1.742.400 euros y tiene una duración máxima de un año.
En los últimos meses, se han llevado a cabo el levantamiento masivo de actas sancionadoras que se remiten a los servicios territoriales de la Conselleria de Justica, Interior y Administración Pública, desde las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad .
En estos momentos, se han acumulado más de 95.000 actas de denuncia procedentes de Castellón, Valencia y Alicante a causa de la perimetración de los municipios de más de 50.000 habitantes. Ante un número tan elevado de sanciones por incumplir las restricciones del coronavirus y «ante la excepcionalidad del momento», la Generalitat ha contratado un servicio técnico complementario de apoyo al régimen sancionador de la Conselleria de Justicia.
«La Administración no dispone de recursos humanos suficientes para hacer frente a la tramitación del volumen de dichas sanciones sobrevenidas a consecuencia de la evolución de la crisis sanitaria», apunta la Generalitat.
El objetivo del contrato es lograr la tramitación de todos los procedimientos administrativos de carácter sancionador, incluida la gestión del cobro de las sanciones , que se imponen a los infractores.
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